El Congreso de Guatemala aprobó ayer por unanimidad retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, a fin de que enfrente la justicia por acusaciones de corrupción.
En una votación histórica por su unanimidad, con el consenso incluso de los diputados oficialistas, el Pleno legislativo aprobó el dictamen de antejuicio contra el mandatario.
El presidente Pérez Molina es señalado en una investigación por fraude en la autoridad recaudadora de impuestos de Guatemala, un caso por el que está detenida la exvicemandataria Roxana Baldetti.
El abogado constitucionalista Stuardo Ralón dijo a periodistas que Pérez Molina continuará en el cargo en tanto los tribunales no lo vinculen a proceso penal y le dicten una orden de captura provisional.
Explicó que la ley de antejuicio establece que en ese caso, Pérez Molina deberá dejar la presidencia a cargo del vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, hasta terminar el actual mandato constitucional, que concluye el próximo 14 de enero.
El Congreso instaló la sesión plenaria para conocer varios asuntos del día, pero se centró en la votación del dictamen de la comisión que investigó el caso que fue trasladado al parlamento por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De los 158 diputados, se requería el voto de al menos 105 legisladores para aprobar el dictamen del antejuicio presidencial, que se tramitó en la sesión plenaria. Asistieron a la sesión 132 diputados, mientras que 26 estuvieron ausentes, y todos los presentes, incluidos 28 del oficialista Partido Patriota (PP) votaron por la iniciativa de levantar la inmunidad al mandatario.
De esta manera, el presidente Pérez Molina deberá someterse a la justicia por su presunta participación en la red de corrupción conocida como La Línea, dedicada a la defraudación fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Según la investigación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), dependiente de Naciones Unidas, se tienen pruebas de las acusaciones como las escuchas telefónicas autorizadas.
La exvicepresidenta Baldetti, que renunció al cargo el 8 de mayo pasado ante la presión de las movilizaciones ciudadanas contra la corrupción del gobierno, está en prisión por este caso de corrupción.