Luego de que autoridades desalojaran dos predios invadidos, la Fiscalía General del Estado (FGE) garantizó las indagatorias para sancionar a quienes ejercieron un fraude y vendieron los terrenos a personas de escasos recursos.
Cabe recordar que los días 11 y 18 de octubre, autoridades estatales y municipales aplicaron el Estado de Derecho en dos predios ubicados en el municipio de Berriozábal, denominados San Martín y Fracción Santa Elena, respectivamente, los cuales fueron invadidos desde el pasado 24 de junio y 13 de julio por personas que fueron engañadas y víctimas de fraude.
Debido a que el sujeto de nombre Marco Antonio Solís Ramírez, que se autodenomina “El Buki”, supuesto líder de la Asociación Civil ‘Unión de Colonias Populares de San Marcos’, invadió los dos predios, de 20 y 30 hectáreas cada uno para después lotificarlos y vender las fracciones de manera ilegal, abusando de la necesidad de la gente para obtener beneficios personales y económicos.
Desafortunadamente, cientos de familias creyeron su versión de que estos predios no tenían propietario, el cual –según él– había muerto, y que los terrenos estaban intestados, motivo por el que, supuestamente, “realizó los trámites correspondientes” para adquirirlos y fraccionarlos, con la finalidad de “apoyar” a personas de escasos recursos que estaban en busca de un patrimonio.
Ante esta situación, el legítimo propietario de los predios San Martín y Fracción Santa Elena, Sergio Armando Santiago Castañón, acudió a las autoridades competentes para solicitar la aplicación del Estado de Derecho y recuperar lo que por Ley le pertenece, agotando las instancias legales correspondientes, en tanto que Solís Ramírez, quien se había comprometido a entregar voluntariamente los predios, no cumplió ya que sí se estaba siendo favorecido económicamente.
Derivado de lo anterior y ante la falta de cumplimiento, los días 11 y 18 de octubre se aplicaron operativos de desalojo pacífico, ejecutados por autoridades estatales encabezados por la FGE quien se comprometió a sancionar a los responsables y buscar resarcir los daños a los afectados con las compras de tierras también.
Finalmente, Sergio Armando Santiago Castañón, agradeció al gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, para que se restituyeran los predios, cuya posesión legal es de aproximadamente 30 años según los documentos que fueron presentados ante las instancias que intervinieron en el proceso.