Seis semanas de protestas contra el gobierno venezolano dejaron ya 44 muertos, unos mil heridos y más de mil 200 detenidos, un saldo frente al cual el presidente Nicolás Maduro y la oposición se muestran inflexibles en sus posiciones. Nadie retrocede, pero tampoco avanza.

La crisis política venezolana sigue aumentando de decibeles con cada protesta opositora, a la que Maduro responde con una mayor represión y la gente en su contra actúa con mayor firmeza y más movilizaciones.

Mientras, los venezolanos siguen sin un horizonte definido para una próxima elección, a no ser la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la jugada de Maduro para reformar la Carta Magna para sacarse del encima la incómoda Asamblea Nacional (Congreso) dominada por una mayoría opositora.

Esto pese a que la actitud del mandatario despierte la desconfianza de un ambiente internacional descreído del gobierno bolivariano.

Los analistas se preguntan por qué Maduro se niega a llamar a unas elecciones regionales o locales que podrían tranquilizar el clima, en espera del gran año de la definición electoral de 2018, cuando están previstas las presidenciales.

En cuestión de poco más seis meses el conflicto político venezolano registró un brusco deterioro, con un signo característico:

Nadie sabe cuándo habrá elecciones. Los últimos comicios fueron los legislativos, en diciembre de 2015, en los que el oficialismo cargó con una abrumadora derrota.

En octubre pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, admitió las órdenes de varios tribunales penales para suspender la activación de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, que venía impulsando la oposición con firmas de electores.

Cuando se vio que la consulta se estancó en barreras legales y en la negativa del presidente, Lucena anunció que las elecciones de gobernadores previstas para diciembre de 2016 fueron cambiadas para junio de 2017 y que las de alcaldes se efectuarían en su fecha, en diciembre de este año.

La oposición acusó a Maduro de ordenar al CNE suspender las elecciones regionales hasta nuevo aviso, esperando un repunte de alicaída posición en las encuestas o un impulso de los precios petroleros que mejoraran la asfixia económica.

En los primeros meses de 2017, la oposición instó a Lucena a fijar la fecha de las regionales, presentando un cronograma que diera claridad al horizonte electoral.

Sin embargo, el CNE admitió como necesaria una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó a los partidos políticos legalizar sus inscripciones para poder participar en futuros comicios.

Desde marzo, la medida obligó a los partidos a llamar a sus militantes para que respaldaran con sus firmas la legalización de los partidos.

Luego del procedimiento, los principales grupos dejaron claras sus aspiraciones: Primero Justicia dijo que su único candidato a la presidencia era Henrique Capriles, Voluntad Popular señaló que es Leopoldo López y Acción Democrática lanzó a Henry Ramos Allup.

Con el correr de los días, Capriles fue inhabilitado por 15 años para optar por un cargo político, López sigue preso cumpliendo una condena de casi 14 años de cárcel y Ramos tiene pendiente una demanda impulsada por Maduro por supuesta insania mental.

Esto fue antes de que el TSJ emitiera, a finales de marzo dos sentencias que despojaron de sus funciones a la Asamblea Nacional, lo que fue considerado por los diputados como un golpe de Estado.

La oposición mantenía esperanzas de que se fijaran las elecciones regionales entre junio y octubre, algo que hasta ahora sigue en el limbo.