Publicado miércoles 19 de octubre de 2005Isaín Mandujano / CPMás de 100 organizaciones no gubernamentales agremiados en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, exigieron hoy que se realice “una investigación especial respecto a las medidas adoptadas por las autoridades —municipales, estatal y federal— para salvaguardar la integridad de las personas y sus patrimonios a fin de deslindar responsabilidades en caso de omisiones probadas” que provocaron muerte y destrucción en miles de chiapanecos.
De antemano, acusaron a los gobiernos municipales, estatal y federal de ser los responsables en la desgracia de miles de chiapanecos, al no prevenir catástrofes como éstas. En una misiva exigieron al Gobierno chiapaneco que encabeza Pablo Salazar y al mexicano, Vicente Fox, que pida y acepte la ayuda humanitaria internacional “pues hasta la fecha el Estado no ha mostrado tener capacidad de respuesta ante la magnitud de la devastación”.
Tras recibir información documentada de su organismo adherente en Tapachula, el Centro de derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., la Red Nacional de Organizaciones Civiles, consideró hoy que tras los daños ocasionados por la tormenta Stan en la zona costera, fronteriza y la Sierra de Chiapas, se ha podido constatar que hubo “falta de aplicación de medidas preventivas adecuadas por parte de las autoridades encargadas de la protección civil, entre ellas la evacuación total de personas ubicadas en las zonas hoy afectadas por las inundaciones”.
Asimismo, expuso que ha quedado en evidencia la permisividad para establecer asentamientos irregulares en zonas de alto riego, y que la continua devastación ecológica de la región trajo como consecuencia una magnitud mayor de daños materiales y pérdidas humanas, cuyos resultados no se han podido contabilizar con exactitud hasta la fecha.
Según la Red Nacional ha recogido información de primera mano de personas damnificados que afirman no haber sido avisadas oportunamente por autoridad alguna sobre los riesgos inminentes que corrían y menos aún haber sido evacuadas de los lugares de riesgo.
“Las razones por las cuales las autoridades no evacuaron la zona de alto riesgo, se desconocen; podría pensarse que fue para no erogar gasto alguno al mantener a las personas en albergues o quizás por la evidente falta de capacidad técnico-profesional en materia de prevención del actual director de Protección Civil en el municipio de Tapachula para prever el riesgo. Por tanto, existe la obligación de parte de las autoridades de dar una explicación plausible”, apunta en su denuncia la Red Nacional.
Agrega que las consecuencias de la falta de aplicación de medidas preventivas, pérdidas humanas y materiales que podría convertirse en responsabilidad legal, penal, política y administrativa, pudieran ser la razón por la cual aún las autoridades municipales y estatales ocultan el número real de personas fallecidas, no reciben las denuncias de personas desaparecidas y tampoco agilizan la cuantificación de los daños para la declaratoria de zona de desastre.
La carta viene firmada por más de un centenar de organizaciones no gubernamentales defensores de derechos humanos de diversos estados del país.