Integrantes de las organizaciones de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), arribaron a Chiapas para supervisar los avances que se han tenido en la investigación del asesinato del reportero Mario Gómez, ocurrido el pasado 21 de septiembre en el municipio de Yajalón.
Sin embargo, la agenda de trabajo del 9 al 13 de noviembre, también incluyó la revisión de la situación laboral que viven los comunicadores en la entidad.
En su intervención, Jan Albert Hootsen, representante del CPJ en México, mencionó que Yajalón, Chilón, Tapachula, Comitán y toda la franja fronteriza son las zonas con más riesgo para ejercer la actividad periodística, por la presencia de la delincuencia organizada.
En relación al asesinato de Mario Gómez, pidieron a las autoridades estatales en funciones y a las electas, a que trabajen de manera coordinada para que se de con los autores materiales e intelectuales, “llegando a sentencias condenatorias de los mismos”.
Aunque en el Estado los ataques a periodistas son diferentes a los que ocurren en otras entidades federativas como Veracruz, puntualizó que en este estado sí se presentan intimidaciones, amenazas, demandas judiciales, agresiones físicas y hasta el hostigamiento.
“Esa violencia ha provocado autocensura entre reporteros que cubren temas como corrupción, conflictos sociales, abusos de poder por autoridades, delincuencia organizada y su relación con las autoridades”.
En la actividad, donde también se reunieron con periodistas locales, defensores de los derechos humanos, así como las autoridades estatales, participaron Albina Flores, representante del RSF en México y Alexandra Ellerbeck, coordinadora para el Programa de Norteamérica del CPJ.
De acuerdo con el informe presentado, en los últimos seis años aumentaron las agresiones a los periodistas y no se han desarrollado políticas públicas en materia de prevención de agresiones a la prensa, a pesar de la necesidad de garantizar el libre ejercicio periodístico.