Las imágenes y los audios de niños y niñas llorando dentro de jaulas han dado la vuelta al mundo y han motivado múltiples condenas hacia el gobierno estadounidense. Separar familias, clasificar a los niños y niñas para después encerrarlos en jaulas es una imagen propia de los más trágicos episodios de la humanidad que creíamos haber superado hace décadas. Lamentablemente, el discurso de Donald Trump y su política migratoria —claramente inhumana y contraria a los principios internacionales— nos hace ver en pleno siglo XXI escenas desgarradoras que merecen nuestra condena e indignación, pero sobre todo nuestra intervención.
Hace cuatro años el presidente Obama reconoció que ésta era una situación humanitaria que debía atenderse con urgencia e importancia. Sin embargo, no se atendió de raíz y el número de niños y niñas migrantes sigue siendo alarmante. De 2010 a 2017 se registraron más de 118 mil “eventos de repatriación” de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos (77% de ellos no estaban acompañados), casi la población total de municipios como Palenque, Tizayuca o San Francisco del Rincón.
Pero en lugar de actuar con prontitud y de manera preventiva, la única respuesta que habíamos recibido del gobierno mexicano había sido el silencio. Y ante la actual coyuntura no solo debe pronunciarse “enérgicamente” contra el trato cruel e inhumano que reciben los migrantes, sino aprovechar esta oportunidad para que el tema migratorio se coloque nuevamente dentro de las prioridades de la relación bilateral. Entre otras acciones, que el gobierno debería abanderar lo siguiente:
Primero, pugnar por una política migratoria que se base en principios que han sido reconocidos a nivel internacional, principios como el del interés superior del niño, el principio de unidad familiar, el principio de no devolución y la garantía del debido proceso.
Segundo, liderar la elaboración de un “Plan de acción regional” que involucre a Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala, en el que se tomen en cuenta los derechos humanos, la protección internacional y el desarrollo humano con el objetivo de abordar las causas fundamentales de la migración. Además, este plan debería incluir la creación de un sistema de información confiable y oportuna para mejorar las políticas públicas de la región sobre este fenómeno.
Tercero, actuar de manera proactiva con herramientas de poder suave para entrar en contacto con organizaciones de la sociedad civil y con los mexicanos residentes en Estados Unidos a fin de influir en los líderes y en la comunidad norteamericana para que se deje de criminalizar a la migración, pues a pesar del decreto firmado el día de ayer por el presidente Trump para “poner fin a la separación de las familias migrantes”, continuarán los litigios en EU sobre estas políticas violatorias de derechos humanos.
Urge que México defina claramente los términos en que llevará su relación con Estados Unidos, pues además de que el gobierno norteamericano adopta medidas contrarias a las de un buen vecino, hace unas semanas se dio a conocer una reunión entre funcionarios de ambos países para hablar de las tendencias migratorias, de solicitudes de asilo y refugio, y algunos medios como “The New York Times” señalaron que “EU quiere que México se encargue de los migrantes en busca de asilo”, siendo que la política migratoria y humanitaria es una decisión soberana que no debe estar supeditada a los caprichos de otro país.