La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó entre 2012 y 2013 el caso de 13 familias tsotsiles que fueron desplazadas del ejido Chigtón, Chiapas, por indicaciones del líder Florentino Gómez Girón, que era reconocido en la región por su carácter violento. Ya en años anteriores había promovido y participado en la quema de la Presidencia Municipal de Ixtapa.
Con la revisión técnico-jurídica de las documentales, la CNDH concluyó que los desplazados habían sido víctimas de violación a sus derechos humanos y por tal razón emitió la recomendación al Gobierno de Chiapas, 84/2013, disponible en el portal del organismo nacional.
Los desplazados de Chigtón eran obligados por Gómez Girón, líder de la organización Ricardo Flores Magón, a realizar ilícitos y participar en supuestas luchas por la dignidad del pueblo, tapando carreteras y agrediendo a instituciones.
Cuando un grupo se opuso, Florentino Gómez obligó a los integrantes del comisariado ejidal a que les suspendieran servicios de agua potable, la clínica de salud, los apoyos federales, estatales y les impuso multas de miles de pesos, y cuando los hoy desplazados no pudieron pagarlas, fueron golpeados, les despojaron de sus casas, parcelas y ganado, y los expulsaron bajo el sonido de balas.
Con este proceso comenzó una historia de amenazas de muerte que aún no termina. La expulsión de sus tierras generó no solo desintegración familiar, sino que rompió con todo su proyecto de vida y los orilló a dispersarse o vivir en albergues, en condiciones precarias e insalubres, lo que ha generado que padezcan enfermedades gastrointestinales e infecciones en la piel.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró urgente que las autoridades federales y estatales en Chiapas impulsaran mecanismos de atención y protección de las familias indígenas tsotsiles desplazadas y en razón de ello, el Gobierno del estado ejecutó acción penal en contra de Florentino Gómez Girón.
Sin embargo, al estar en riesgo la vida de miembros de su organización y por solicitud de organismos protectores de derechos humanos, puesto que en los primeros días de diciembre de 2014, a uno de ellos le prendieron fuego sus propios compañeros, se intentó conciliar a los grupos antagónicos y se suspendió la ejecución de la acción penal en contra de Florentino Gómez Girón, quien hizo compromiso de alejarse de la vida ilícita y dejar en paz a las familias desplazadas.