La elección del pasado primero de julio significó para muchos, la consolidación de nuestro sistema democrático. La organización, el desarrollo y los resultados electorales, independientemente de quienes obtuvieron el triunfo en las urnas, se efectuó conforme a las directrices planteadas, con los ajustes necesarios para una elección tan grande y tan compleja.
Las diferencias entre los actores políticos se dirimieron, en términos generales, por las vías institucionales correspondientes y en otros casos ni siquiera se presentaron los medios de impugnación que se proyectaron, un ejemplo de esto es la elección presidencial.
En este sentido, las propias autoridades electorales han coincidido en que esta elección fue de las más complejas de la historia por muchas razones, la principal, por el número de cargos a elegir: 629 federales (presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales) y 17 mil 670 cargos locales distribuidos en 30 de los 32 estados (8 gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 diputaciones locales, mil 596 presidencias municipales, entre otros). Sin embargo, el proceso electoral pudo llevarse a cabo de manera aceptable, salvo algunos aspectos focalizados, sobre todo a nivel local.
El propio consejero presidente del INE manifestó su beneplácito por los resultados obtenidos, por la participación ciudadana, por la altura en que respondieron candidatos, entre varios aspectos más. Así, el INE a su decir, entregó buenas cuentas.
Sin embargo, un aspecto que va en sentido contrario con la supuesta “consolidación democrática“, lo constituyen los altos índices de violencia política registrada en esta elección, en donde diversos medios de comunicación la han catalogado como el proceso electoral más violento de la historia reciente de México. Esto no necesariamente es responsabilidad del INE.
De acuerdo con la empresa consultora Etellekt, en su séptimo informe de violencia política que abarca del 8 de septiembre de 2017 (cuando arrancó el proceso electoral) al primero de julio de 2018 (día de la votación) se registraron un total de 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos. El saldo hasta entonces era de 152 políticos y 371 funcionarios asesinados, es decir 523 personas. Por su parte, Strategiaelectoral da cuenta de 142 homicidios durante las elecciones de 2018.
De estas cifras, deben ponerse particular cuidado en aquellas en donde el crimen organizado condiciona la elección para algunos cargos de elección popular, ya que algunos ciudadanos que lograron el triunfo en la pasada elección no han podido asumirlo por diversos motivos, entre los que destacan las amenazas de muerte.
Consecuentemente, el nuevo legislativo deberá analizar esta problemática como una alta prioridad para poner fin a esta violencia que debe de terminar, sobre todo porque antes de que concluya el presente año estarán arrancando los preparativos para las elecciones locales de 2019.
Las medidas que debe analizar el Legislativo van desde generar cambios en la normatividad electoral que permita establecer condiciones de seguridad para las contiendas electorales que se lleven a cabo tanto a nivel federal como local, entre las que pudieran estar medidas de revisión de los antecedentes y perfiles de los candidatos, el mayor fortalecimiento de la fiscalización de los recursos que se inyectan en las campañas electorales, el seguimiento oportuno de las denuncias que reciban los actores políticos, por poner algunos ejemplos.
Paralelamente, el Estado deberá generar una ambiciosa estrategia para terminar con el cáncer de la inseguridad, abatir la gangrena del narcotráfico, la corrupción, es decir, los probables vínculos con las autoridades para con el crimen organizado.
Independientemente de lo aquí apuntado, los señores legisladores tendrán la última palabra. Esperamos mucho de ellos.