Los actos vandálicos que realicen los normalistas o cualquier otro grupo social genera un impacto negativo de forma directa a los sectores productivos, por eso urge que las autoridades busquen las estrategias adecuadas para resolver las problemáticas por la vía del diálogo para evitar afectaciones a terceros, dijo Guillermo Acero Bustamante, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Estos acontecimientos, dijo, aumentan los riesgos en el tema de desempleo; en automático, agregó, se traduce en menos desarrollo económico en un estado que ha hecho un esfuerzo considerable para promover el turismo y los destinos que son atractivos para los visitantes.
El líder empresarial enfatizó que los disturbios generan percepciones, las cuales son muy distintas a la realidad, entre las personas que viven en otro estado. Se debe estar consciente, remarcó, que cualquier acto violento provoca un impacto negativo.
Acero Bustamante comentó que es importante que se analice qué tipo de operadores políticos tiene la entidad, pues son estas personas las que deben tener la capacidad y preparación para resolver los conflictos; de lo contrario, todo el esfuerzo de los demás actores no tendrá éxito.
Las autoridades estatales, remarcó, cuentan con el apoyo de este sector empresarial para aplicar el Estado de derecho. Si los sucesos de violencia ocurren en San Cristóbal de Las Casas, dijo, ese mismo día en la tarde se refleja en la nula llegada de visitantes locales o nacionales.
Independientemente de las bellezas naturales o la gastronomía que hay en los municipios, detalló que esa ciudad es la que vende a nivel nacional y en la parte del extranjero; es ahí donde la parte oficial debe intervenir, para evitar que hechos aislados provoquen una idea diferente a lo se vive en el estado.
Aunque la población tiene conocimiento de los últimos conflictos ocurridos, el presidente estatal de la Canirac recordó que, tomando como base los datos duros, Chiapas todavía se mantiene como una entidad federativa que es segura en comparación con lo que ocurre en otras ciudades del país.
“Tenemos que participar todos, no es únicamente el Gobierno del Estado, también la sociedad, la academia, y en el sector privado tenemos que tratar de cómo resolver esta situación”, finalizó.