La suspensión de actividades y el confinamiento domiciliario a causa de la pandemia orilló a millones a utilizar la tecnología para realizar pagos, depósitos, transferencias, incrementando con ello los fraudes electrónicos; uno de los sectores afectados es el mercado inmobiliario.
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Tuxtla Gutiérrez, Julio César Ramos Martínez, comentó que han recibido reportes de personas que fueron víctimas de fraudes, sobre todo en el mercado de arrendamiento.
Explicó -un ejemplo- que ofertan una casa en renta a través de redes sociales, la persona interesada llama, le piden el depósito de un anticipo o incluso el primer mes y la persona luego desaparece.
Para evitar este tipo de situaciones que afectan el patrimonio de las personas, hizo un llamado al Congreso del Estado para que aprueben la propuesta de ley para regular el mercado inmobiliario en la entidad, que ya fue presentada, pasada a lectura y se encuentra en análisis en comisiones.
Licencia oficial
“El principal objetivo de la ley es que todos los agentes inmobiliarios tengan una licencia oficial expedida por el gobierno, lo que evitaría que cualquier persona sin experiencia incursione en el mercado, o bien que lo haga sólo para defraudar a las familias. Permitiría profesionalizar y fortalecer el trabajo de los agentes inmobiliarios.
“La principal recomendación es acudir con una inmobiliaria reconocida y formal, con un domicilio físico, con referencias, y de ser posible afiliada a la asociación; para ello se puede consultar la página web de AMPI, donde es posible encontrar un registro de todos los socios”, dijo.
Comentó que un profesional inmobiliario certificado se rige por un código de ética y pueden ser reportados a la asociación, además que está obligado a cumplir con las leyes afines al oficio, mientras que otros sólo buscan ganar una comisión.
“Debe realizar por ley un estudio de la persona que busca rentar o vender un inmueble, así como la persona que rente o compre, porque son considerados corresponsables de lo que pudiera suceder en la propiedad, con base a la ley de extinción de dominio”, mencionó.
Investigación correcta
Enfatizó que deben investigar de manera minuciosa ambas partes, verificar documentos personales, antecedentes no penales, ocupación, para la compra de un inmueble verificar que los medios sean lícitos, y demostrar que todo el proceso se realizó de forma legal.
“Con la reforma a la ley de extinción de dominio, las personas que dan en arrendamiento un inmueble, por ejemplo, podrían perder su propiedad si no investigan a la persona o empresa que lo renta, si no hacen un contrato y si no conoce a fondo su actividad y esta recae en un delito federal”, finalizó.