La representante legal de la asociación civil Nimalarí, Ecocultura Sustentable, Blanca Nidia Vicente Rivera, denunció que en el punto llamado Las Ondinas del ejido Pérez Ortiz, sobre el margen del río Suchiapa (en el municipio del mismo nombre), reaparecieron centenares de peces muertos, similar a lo que ocurrió en el 2017.
Al hacer un recorrido por la zona, dijo, constató el reporte que recibió sobre los decesos y encontró especies de pequeña y mediana talla (entre cinco y 10 centímetros) que estaban sin vida, entre ellos, mojarras, charalito y bagres, peces que son parte de la alimentación de los lugareños.
Lo ocurrido en el lugar, remarcó, “da un indicador de la calidad del agua, nos hace bastante ruido que, justamente, estos acontecimientos se dan después de la primera lluvia; ayer llovió en Suchiapa, tenemos muchas teorías de la muerte de peces”.
Vicente Rivera insistió en que fue un número considerable de peces muertos (sin detallar el número) y que fueron encontrados sobre las piedras y el pasto que adorna el afluente, sin embargo, el porcentaje mayor de las especies fue arrastrado por las corrientes.
El pasado 3 de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a las autoridades estatales y municipales “sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación a la contaminación del río y sus afluentes, por descargas de aguas residuales municipales no controladas, así como por la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos”.
Desde mayo de 2017, cuando se registró la primera muerte masiva de peces, la población bajó el nivel de consumo de dichos animales para evitar un daño en la salud; sin embargo, otro sector de las comunidades cercanas vive de la pesca artesanal en el río.
“Este organismo nacional cuenta con elementos de convicción suficientes para probar la existencia de violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano y al saneamiento, por las descargas de aguas residuales de origen doméstico sin el debido tratamiento, así como por la mala disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en agravio de los habitantes de los municipios de Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, en el estado de Chiapas, por omisiones atribuibles a personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno”, remarca la CNDH.
La activista en materia de derechos humanos consideró que tanta letalidad de peces, renacuajos, cabeza de ganado y hasta aves (en otros años), demuestra que existe un exceso en la descarga de lixiviados y esa actividad está matando los espacios naturales.
En el informe de la CNDH se puntualiza que “dentro de la cuenca del río Suchiapa se tiene registro de: 32 títulos de concesión vigentes, que amparan 37 puntos de descargas de aguas residuales: ocho de ellos de origen pecuario, tres del giro industrial, uno doméstico, 12 de servicios, tres de uso público urbano y cinco de diferentes usos. De los 32 títulos, 22 de ellos tienen autorización para descargar al suelo para el riego de pastizales, dos al subsuelo, dos a un pozo de absorción, uno a una fosa séptica y cinco tienen como cuerpo receptor el río y/o sus afluentes”.
Hasta el momento, detalló la bióloga de profesión, no se ha dimensionado el daño que puede existir en la población a corto, mediano y largo plazo; por lo pronto, enfatizó, el aviso ya lo tienen las autoridades municipales, ejidales y de salud, para que quede un antecedente más de las afectaciones ecológicas.
A lo largo de 132 kilómetros, el río llega a desembocar hasta el Santo Domingo (Chiapa de Corzo) y, posteriormente, el agua de desplaza hacia el Grijalva, generando un impacto directo o indirecto en mil 361 localidades de municipios adicionales: Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Jiquipilas y hasta Berriozábal.
Finalmente, la representante legal de la asociación civil Nimalarí, Ecocultura Sustentable, Blanca Nidia Vicente Rivera, pidió a las autoridades (de los tres órdenes de gobierno) a que tomen en cuenta la recomendación del organismo autónomo nacional para que destinen recursos económicos para la implementación de políticas públicas que frenen el daño ambiental y de salud en los pobladores.