Después de que terminaron los conflictos políticos y sociales que se vivieron en Teopisca, además de que ahora cuentan con una nueva autoridad municipal, el presidente en la capital de Chiapas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Hugo Armando Porras Pérez, remarcó que estos bloqueos carreteros generan afectaciones, principalmente, en la entrega y distribución de mercancías.
Hay que recordar que cuando se designó al Concejo Municipal como la figura para gobernar en la zona, un porcentaje de la población tomó la decisión de realizar bloqueos y manifestaciones en diferentes vías de comunicación, es decir, un asunto local se convirtió en un problema regional.
Porras Pérez explicó que “en este caso de la vía San Cristóbal a Comitán —hablando de la obstrucción de la carretera—, no permitió el flujo adecuado de las mercancías que debían llegar y salir de ese lugar y se dio esa coyuntura”.
Desacuerdo
A pesar de que las autoridades tomaron la decisión de nombrar a los representantes del municipio, después del asesinato de quien entonces era el alcalde, esa postura provocó que una parte del pueblo no estuviera de acuerdo y ejerciera su derecho por la vía legal; no obstante, otro grupo optó por interrumpir las vialidades.
Esas intervenciones, remarcó el líder del sector, son las que generan un daño social, toda vez que el derecho de cada persona se “limita cuando infringe el derecho del que está al lado”. Porras Pérez enfatizó que los ciudadanos no pueden pedir que se respeten sus peticiones cuando, con sus acciones, generan una afectación hacia la misma sociedad.
“Sí estamos de acuerdo que todos tienen que defender sus derechos y una fracción lo hizo por la vía legal —en el caso de Teopisca—; el caso llegó al Tribunal local, se decidió en consecuencia turnar al Congreso para que se llevara a cabo el nuevo nombramiento del Ayuntamiento”, puntualizó.
Desde la cámara empresarial han cuidado que todas las intervenciones o exigencias se den en un marco de Estado de derecho, aunque eso implique un proceso más largo, ya que es el tiempo que requieren las autoridades para resolver un conflicto, sin importar la índole.