Aunque en el discurso se busca frenar todos los actos que vulneren a las mujeres, Chiapas es la segunda entidad con más violencia política en razón de género y las cifras están avaladas por estudios serios que se han hecho en el tema, declaró Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Observatorio de Violencia Política.
El registro, dijo, se basa en la última elección que se llevó a cabo en el 2018 (la que más participación ha registrado de los ciudadanos en las urnas) y que documentaron personas del Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
Los datos que se tienen registrados en el Congreso local indican que en este trienio ya formalizaron su renuncia 29 funcionarias municipales con cargos de presidentas, síndicas y regidoras.
En el marco de la participación que tuvo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) con la presentación de un libro cuyo objetivo está centrado en la perspectiva de género e inclusión de las mujeres en las ciencias exactas, puntualizó que la problemática de violencia política no solamente se vive en Chiapas, pues es un asunto que se ha reflejado en todo el sureste del país y que también se agudiza en Tabasco.
No obstante, Espinosa Morales puntualizó que más allá de los pronunciamientos que se hagan en espacios públicos, lo fundamental es que se lleven a cabo acciones afirmativas para evitar que las mujeres que quieran participar en la política sean víctimas de violencia en cualquiera de las modalidades.
Destacó el protocolo de atención y prevención que están elaborando en coordinación con funcionarias estatales, organismos electorales e integrantes de la LXVII Legislatura, así como representantes de partidos políticos.
El documento que elaboren tendrá plasmada la ruta que deben seguir las mujeres que sean violentadas por el simple hecho de ocupar cargos de elección popular o de representación proporcional.
Reconoció que aunque en el actual trienio han renunciado 29 mujeres, no existe un mecanismo que permita definir con exactitud en qué casos se presentó violencia política; por esa razón, la Mesa Directiva del Congreso tendría que determinar este factor.
Al interior del recinto legislativo ya se trabaja en la reconstrucción de una iniciativa de ley para tipificar como delito penal la violencia política, aunque no hay fecha para presentarla ante el Pleno.