Dentro de los recorridos que ha realizado el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chiapas a través de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), han podido constatar que las cadenas comerciales, mercados y almacenes, tienen abasto de productos y se han comprometido a reabastecerse y estar abiertos ante la contingencia que se vive por el Covid-19.
Entrevistado sobre el tema, el director de la Odeco Suroeste, Francisco Estrada Ramírez, informó que durante el desarrollo de la emergencia sanitaria, se están registrando fenómenos peculiares pero aseveró que existe abasto de alimentos en todo el estado, por lo que las personas deberían estar tranquilas y no hacer las denominadas compras de pánico.
De igual manera, externó que se verificó que productos como el huevo, frijol, arroz, harina para tortillas y azúcar, están disponibles y que podrían haber diferencias importantes de precios entre los diferentes comercios, por lo que exhortó a los consumidores a intercambiar información entre sus conocidos sobre el comportamiento comercial de los proveedores, respetando las recomendaciones de las autoridades de Salud: “se recomienda evitar comprar en comercios abusivos que tratan de aprovechar la contingencia sanitaria para acaparar productos o incrementarlos de forma injustificada”.
Denuncias
Determinó que hasta el momento se han elaborado 40 actas de verificación, de las cuales se han desprendido apercibimiento de varias empresas y comercios abarroteros, en donde se han llevado a cabo las solicitudes de facturas en 24 horas para justificar los precios que están manejando.
Por lo anterior, lanzó un llamado a comerciantes, grandes cadenas, bodegas abarroteras mayoristas y tienditas a ser solidarios con el pueblo de Mexico y no abusar con incrementos de precios injustificados.
Asimismo, enfatizó que la Profeco como parte de las instituciones de Gobierno Federal que continúan sus actividades sustantivas, seguirá con recorridos por los municipios con más denuncias, y seguirá rastreando información de las cadenas de distribución con una amplia colaboración de presidentes municipales, delegados de Gobierno del Estado, Policía Estatal, fiscalías del Estado y General de la República, para hacer uso de la fuerza pública en caso de tener que clausurar, decomisar mercancías o imponer multas que pueden ir hasta los tres millones de pesos.