La implementación total del Sistema Estatal Anticorrupción requirió de la modificación de varias leyes nacionales y locales, cuya finalidad es que no existan más irregularidades en el manejo, gasto y uso de los recursos públicos del orden municipal, estatal y federal, puntualizó la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Chiapas, Ana Laura Romero Basurto.
Fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, son los tres principios que tienen que cubrir aquellos que tengan la intención de formar parte de la Comisión de Selección (estará integrada por siete personas con una duración de tres años) para que sean ellos quienes elijan al Consejo de Participación Ciudadana.
Contexto
La 66 Legislatura del Congreso local estaba en la obligación de implementar el proyecto, sin embargo, emitieron las bases pero la propuesta quedó “pausada”; algunos organismos empresariales reclamaron al respecto, debido a que tenían el interés de participar en la integración del Comité de Selección.
Sobre el tema, la presidenta de la Comisión de Vigilancia (que asumió el cargo en mayo de este año) explicó que el año pasado quedó inconcluso todo el proceso y al pleno del recinto legislativo no le fue presentada la Comisión de Selección.
En un afán de contribuir a un tema de transparencia, quedaron a salvo los derechos de las personas que tuvieron la intención de participar en el primer llamado (julio de 2017) y sólo tienen que actualizar los documentos que se piden.
Aunque la presentación oficial de la convocatoria se hará este miércoles, las bases ya se pueden consultar a través de la página oficial del Congreso local; se da en dos aspectos, una dirigida a las Instituciones de Educación Superior (para designar a cuatro de las siete personas del Consejo) y la otra a la sociedad civil.
Participación
Para evitar conflicto de interés o favoritismo, la convocatoria establece que no podrán participar aquellas personas que se hayan desempeñado en los siguientes cargos: gobernador de la entidad, senador, diputado federal o local, fiscal general o secretario; agrega que también están impedidos aquellos que ocuparon puestos de dirigente de partidos o asociaciones políticas o de algún ministro religioso, como mínimo de tres años previo a la emisión de la convocatoria.
Queda prohibida la participación de aquellas personas que tengan un parentesco consanguíneo o de afinidad (hasta de tercer grado) de quienes sean integrantes de la actual legislatura.
Romero Basurto aclaró que el pueblo tiene toda la razón de saber en qué se gastan los recursos públicos y que estos sean transparentes en el manejo de los presupuestos. Se tiene previsto que en esta administración estatal el Sistema opere en toda su capacidad.
La situación del presupuesto vendría en otro momento; el interés que ahora tienen las autoridades legislativas y del Ejecutivo es que esta estrategia funcione y que la ciudadanía vea que está la intención de sancionar a quienes realicen actos de corrupción.
Urgencia
Carmen Villa Chavez, directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas, mencionó al respecto que este Sistema es una urgencia que se implemente, ya que es un mecanismo que nace para contrarrestar una de las problemáticas más arraigadas y normalizadas del país, como lo es la corrupción. Ante ello, su implementación serviría para tener datos concretos y dar un espectro de la presencia de este fenómeno en Chiapas.
“Es un proceso atorado, aún no puede constituirse ni tener funciones. Existen otros estados como Querétaro o Nuevo León, cuyos sistemas fueron impulsados por la sociedad civil y han tenido buenos resultados y aprendizajes”, afirmó.
Por último, la directora indicó que en el discurso de la nueva administración, que ha adoptado a la corrupción como una de sus banderas, tendría que identificar a la brevedad esta ausencia y asumirlo como prioritario, para que avance y camine, se investigue y sancione.
A su vez, Ana Elisa López Coello, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas (IAIP), mencionó que ya se encuentran iniciativas en el estado que pretenden ayudar a la disminución de una problemática tan naturalizada como lo es la corrupción, como lo es la formación de una comisión especial en el Congreso del Estado y la implementación del Sistema Local Anticorrupción, los cuales son urgentes su puesta en marcha.
La comisionada indicó que el Sistema Local Anticorrupción tiene que ser una urgencia para los legisladoras del Congreso del Estado debido a que su operatividad permitiría investigar y sancionar a los servidores públicos que incurrieran en delitos asociados a la corrupción.