Entre el odio y la impunidad

Niñas, adolescentes, madres de familia, todas ellas están expuestas a la violencia de género, y en particular al feminicidio, un fenómeno que cada vez cobra más víctimas en Chiapas y en el país.

Las cifras lo demuestran: 120 muertes violentas de mujeres en el año, de los cuales únicamente 49 han sido tipificados como feminicidios, según datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas.

A estas cifras se suma el dato de cuatro casos de feminicidios y 63 de desapariciones de niñas y adolescentes (entre dos y 17 años de edad).

“Es patente la violencia feminicida que enfrentamos las mujeres día a día, lo cual denota claramente la falta de interés de las autoridades de los diferentes niveles para la implementación de medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de su actuación pública”, mencionaron.

Recordaron los casos de María “N” y Patricia “N” de apenas 12 años, quienes en esta semana fueron asesinadas en San Cristóbal de Las Casas y Chilón, respectivamente.

A estos hechos se le suman muchos casos más de violencia de género y feminicidios que ante la falta de acceso a la justicia, la impunidad, el abuso de poder y la negligencia de las autoridades, se sigue perpetuando y reproduciendo, como la violencia patriarcal, “responsabilizándonos a las mujeres de todo lo que nos sucede”, expresaron.

La directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCh), Carmen Villa, cuyas actividades son las de reportar de forma permanente cómo se mueve la incidencia delictiva en la entidad, consideró que las instancias gubernamentales no integran todas las investigaciones de muertes violentas en contra de mujeres como feminicidios.

Por los tratados internacionales que ha firmado, México está en la obligación de investigar como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres, enfatizó.

“Para nosotros es importante que se tengan estadísticas exactas porque eso permite tener un panorama real del delito y con base a eso se pueden tomar medidas y generar políticas públicas adecuadas”, insistió la especialista.

En este año, marzo se reportó como el mes en que más casos se han presentado: cuatro feminicidios. El 2018, en este rubro, cerró con 17 víctimas pero 16 indagatorias.

En tanto, el Observatorio Ciudadano de Chiapas puntualizó que en este 2019, tres de las carpetas de investigación de las autoridades han sido por feminicidios a menores de edad

En lo que se refiere al delito de violación, en lo que va de enero a junio del 2019 se han abierto 274 carpetas de investigación; también ha sido en las ciudades donde más se ha denunciado este delito: 60 en Tuxtla, 42 en Tapachula y 12 en San Cristóbal de Las Casas. Cabe mencionar que estas ciudades también mostraron durante el segundo trimestre de este año un aumento en casos de violación sexual.

En tanto, la Fiscalía General del Estado, a través de su titular ha manifestado que en el actual gobierno se trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres y muestra de ello son las sentencias que se han dictado en contra de personas por el delito de feminicidio.

Una de ellas fue la que se impuso en abril de este año, cuando Ernesto “N” fue sentenciado a 85 años de prisión por un doble feminicidio ocurrido en diciembre del 2017 en la colonia Albania Baja, en Tuxtla Gutiérrez. Ernesto fue declarado penalmente responsable del feminicidio de su pareja Luisa Espinosa Cruz, a quien asesinó a golpes y cuchilladas, y de una menor de cuatro años de edad, a quien ahogó en una cisterna.

Sin embargo, no todas las personas que han sido señaladas de ser los autores de feminicidios en el estado han recibido condena, sino por el contrario, han sido absueltas a pesar de las evidencias.

Es por ello que una de las peticiones que tienen los integrantes del Observatorio Ciudadano de Chiapas es que los ministerios públicos reciban capacitación, a fin de que conozcan qué procedimientos seguir cuando una mujer es asesinada, situación que permitirá la integración correcta de la carpeta de investigación.

A los asesinatos de mujeres se suman aquellos que se comenten en contra de personas trans, donde activistas han insistido en que estos homicidios sean tipificados como feminicidios.

Kenji Pío, de la colectiva Chuvajetik, comentó que la falta de reconocimiento a la identidad de género provoca que las mujeres trans se expongan a situaciones de riesgo, al no poder acceder fácilmente a servicios de salud, educación y trabajo digno, y en caso de homicidio, a una plena justicia.

Dijo que la peor situación que enfrenta esta población son los crímenes de odio y en el caso de los transfeminicidios, estos permanecen invisibles ante la falta de sensibilidad al tema.

Mencionó que la región Altos, por ejemplo, ha registrado varios casos de transfeminicidios; en lo que va del año en San Cristóbal de Las Casas, de las 12 muertes violentas de mujeres, cinco son feminicidios y uno ha sido reconocido como transfeminicidio, sin embargo la lista podría ser mayor ya que muchos casos no se documentan ni reportan.

Enfatizó que un transfeminicidio es un delito en intersección, en el que las mujeres trans son víctimas de feminicidios, un fenómeno originado por la homofobia, misoginia y la discriminación. 

La feminista dijo que en agosto se superó ya el número de asesinatos cometidos en contra mujeres, lo que refleja la alta vulnerabilidad en la que está expuesto este sector de la sociedad.

Cabe destacar que desde noviembre de 2016 se encuentra activa la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Chiapas (DAVGM).

Las diversas agrupaciones defensoras de las mujeres indicaron que tanto la violencia de género como el feminicidio deben ser atendidos como un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública.

Además se deben coordinar acciones de prevención, seguridad, cero tolerancia y acceso a la justicia para erradicar la violencia hacia las mujeres.

Asimismo, las acciones recomendadas en la DAVGM deben ser extensivas a todos los municipios de la entidad dada la gravedad de la violencia feminicida que se ha documentado, y que no se acote únicamente a los 23 municipios que fueron integrados en la declaratoria de AVGM.