Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, afirmó que la falta de diálogo con las organizaciones y defensores de derechos humanos en Chiapas, ha hecho que se incremente la conflictividad.
El director comentó que en recientes fechas, organizaciones y defensores de la tierra y el territorio en Chiapas, han recibido órdenes de aprehensión e inclusive detenciones, por su labor en defensa de su medio ambiente.
Ante ello, Faro pidió a las autoridades gubernamentales privilegiar el diálogo, con el fin de no aumentar la conflictividad entre los pueblos indígenas y el gobierno.
Como un ejemplo, hace unos días, el Centro de Derechos pidió al estado mexicano cesar el hostigamiento, criminalización y judicialización a defensoras y defensores de derechos humanos de la colonia Maya, San Cristóbal de Las Casas.
El Centro “Frayba” informó que los colonos han hecho la defensa del bosque, el agua y la vida debido a que la empresa Bienes Raíces “La Moraleja”, responsable de la construcción del Fraccionamiento “La Moraleja”, ha edificado en una zona de pinos que ayudaba al control ecológico de la zona.
Por lo cual el sistema de procuración de justicia dictamina y mantiene vigentes órdenes de aprehensión que criminalizan y judicializan a quienes integran el movimiento socioambiental de la Colonia Maya, lo cual ha hecho que se encuentren en riesgo la libertad de dos defensoras y cuatro defensores, así como la integridad y seguridad de vecinas y vecinos que mantienen la resistencia no violenta ecológica en la que apuestan por el Lekil Kuxlejal (Vida Digna) de los pueblos.
Ante ello, el director comentó que la ley se ha aplicado de forma muy dura, donde no se ha privilegiado el diálogo y los acercamientos.
“En la zona norte se han generado órdenes de aprehensión por la recuperación de propiedades, vemos una constante de que no existe el diálogo para aquellas personas que laboran y trabajan en defender la vida (…) Son actos de represión”, dijo.
Faro afirmó que en Chiapas se quiere generar un estado de derecho sin diálogo, lo que ha hecho que las organizaciones recrudezcan sus acciones de respuesta.
Finalmente, Faro invitó a la reflexión al decir que en el caso de los desplazamientos forzados en Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán y San Andrés Duraznal, donde cientos de familias indígenas han sido violentadas por grupos armados, no se ha actuado tan pronto, como con las organizaciones y defensores.
Cabe recordar, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores.
De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo; tres de ellos sucedieron en Chiapas, nueve hombres y una mujer, una cifra cercana a los 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia.