Los Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) informaron que después de tres años de gestiones intercomunitarias “para lograr la paz, promover la recuperación ecológica y dar certidumbre agraria” a la zona, firmaron un acuerdo con el ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo.
Dijeron que el convenio, suscrito el pasado 10 de marzo en Amador Hernández, posibilitará el cierre del 95 por ciento de los 434 kilómetros de su polígono territorial y la recuperación de más de 15 mil hectáreas.
Señalaron que el acuerdo permitirá “mantener una estrecha colaboración para el cuidado y protección de los territorios, orientando a la población a no causar incendios forestales, evitar la extracción de la flora y fauna, evitar la cacería, no permitir nuevas invasiones en las colindancias comunes, privilegiar el cuidado del medio ambiente y de la Madre Tierra, así mismo fortalecer lasos de amistad, cultura, acuerdos comunitarios, respeto a creencias e ideología”.
El pacto “se suma a los 49 previos que han suscrito los BCZL con igual número de ejidos y comunidades que están en su perímetro territorial, para poner fin a la problemática social y agraria que se originó en noviembre de 1971, cuando el presidente Luis Echeverría emitió la resolución presidencial que dotó de 614 mil 321 hectáreas a 66 familias lacandonas”.
Manifestaron que “la construcción de acuerdos intercomunitarios inició en abril de 2008, después de que la asamblea de comuneros analizó y coincidió en que debía cambiar la estrategia gubernamental, influenciada por Natura y Ecosistemas Mexicanos, Asociación Civil, y que no debían permitir que se usara la figura de Bienes Comunales de la Zona Lacandona para continuar con los desalojos de los pueblos que se habían posesionado de sus tierras y en especial, de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules (Rebima)”.
Recordaron que en gobiernos anteriores fueron “desalojadas diversas comunidades y poblados de la zona, de manera unilateral, en contra de la opinión de los BCZL y otras veces, sin que tuvieran conocimiento, pero el resultado fue la división de los pueblos, ejidos y comunidades en la región durante 37 años”.
Finalmente, expresaron que “el fomento a la división de los pueblos es común en la administración de las Áreas Naturales Protegidas como la Rebima, para ejercer el control vertical por los gobiernos y organizaciones no gubernamentales, sin la participación de los dueños de los territorios”.