En el marco del Foro Nacional 3 de 3 contra la Violencia hacia las Mujeres: una Alternativa para Erradicar la Violencia Institucional, la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen) participó en la presentación y análisis de dicha iniciativa que propone reformas a la Constitución Política local y leyes secundarias sobre los requisitos obligatorios para ocupar cargos públicos de elección popular, designación y/o concurso: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género.
María Mandiola, titular de la Seigen, señaló que ejercer y hacer respetar los derechos de las niñas y mujeres en todas las esferas de acción y decisión “es un acto de justicia frente a las desigualdades y violencias que frenan nuestro desarrollo, es una forma de decir ¡ya basta!, y ponerle un alto a la cultura machista que debemos erradicar y que actualmente no tiene cabida en una sociedad democrática como la que estamos construyendo”.
Informó que dicha iniciativa, que ha sido aprobada en Oaxaca y Chihuahua, y presentada en el Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Zacatecas y Morelos, propone elevar los estándares de la ética pública como parte de la corresponsabilidad de las instituciones, para prevenir la violencia contra las mujeres por razones de género, promoviendo reformas legislativas y políticas públicas para garantizarlo.
La funcionaria estatal destacó el papel que representan los colectivos y defensoras de los derechos de las mujeres y niñas, al denunciar, visibilizar y levantar la voz para frenar y castigar violencias machistas, al tiempo de promover cambios legales, institucionales y culturales que contribuyan a generar soluciones y las respuestas que se necesitan.
“Los retos para dignificar la ética pública no son sencillos, pero tenemos que encararlos con determinación, la política patriarcal ya no tiene cabida en el siglo XXI. A las mujeres se les respeta en todo lugar y en todo momento, sin excepción”, apuntó.
Por su parte, Yndira Sandoval Sánchez, fundadora de Las Constituyentes CDMX, dijo que para aspirar a una cultura democrática paritaria se debe contar con instituciones que repliquen prácticas de igualdad, para que hombres que aspiren a cargos públicos como alcaldes, regidores, síndicos, diputados, gobernadores y cualquier otro funcionario no puedan acceder a ellos si no cumplen con los requisitos mencionados inicialmente.
Enfatizó que la 3 de 3 contra la Violencia hacia las Mujeres implica un nuevo paradigma de hacer política, “no basta el no robar, no mentir y no traicionar, si se es acosador, deudor y agresor”. Expresó que esta iniciativa de avanzada implica la posibilidad de contar con un padrón de deudores de pensión alimenticia, un padrón de agresores como el ya existente en la Ciudad de México, y con un marco jurídico con sanciones firmes y visibles que terminen con el pacto patriarcal.
En este sentido se expresaron las diputadas Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta del Congreso de Chiapas, y Adriana Bustamante Castellanos, al resaltar la viabilidad de esta iniciativa que representa una lucha histórica por igualar las oportunidades y que obligue a toda la clase política a cumplir con su responsabilidad en favor de garantizar una vida libre de violencia.
En el Foro Nacional, realizado de forma virtual y moderado por Alejandra Soriano Ruiz, de Proidech A.C. y Alma Rosa Cariño Pozo, de 50 + 1, Capítulo Chiapas, las y los participantes coincidieron en que ocupar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante, sino que conlleva una gran responsabilidad, por lo que la ley debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocuparlos.