Ha pasado un año de la irrupción armada en el municipio de Amatán que dio como resultado dos personas muertas, 50 desaparecidas y decenas de familias desplazadas.
Al día de hoy, solo una persona ha sido detenida por dichos actos.
Al respecto, Erik Bautista, vocero de los denunciantes, recordó que el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA), sostenía un plantón pacífico frente a la presidencia municipal y en las entradas a la cabecera municipal contra el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga, en el momento en que grupos paramilitares entraron al municipio con armas largas.
“Después de pocas horas, se detectó la desaparición de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, quienes fueron encontrados con señas de tortura y sin vida en un basurero cercano”, dijo.
Jiménez Pablo y 30 personas más estaban incorporadas al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas (MPDDHyP), de ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación notificó en diciembre de 2018 al gobierno de Chiapas, y por lo tanto, ambos niveles de gobierno tenían el deber de generar condiciones de protección para preservar su integridad física y su vida, pero no lo hicieron.
Bautista mencionó que la autoridad competente no actuó con prontitud desde la madrugada que se les informó del ataque armado.
Días después del ataque, el movimiento solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para que captara el caso, ya que fueron usadas armas de grueso calibre. Sin embargo, como resultado de la negativa de la FGR el 10 de mayo se interpuso un amparo el cual quedó registrado con el número 620/2019 en el juzgado sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
El 15 de julio dicho juzgado otorgó el amparo, pero la FGR interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, el cual está pendiente por resolver el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del vigésimo circuito con residencia en Tuxtla Gutierrez.
Por su parte, Leonel Rivero, abogado del Movimiento, comentó que tras las 10 ordenes de aprehensión que se libraron por estos hechos, solo una ha sido ejecutada, siendo la de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, a pesar de ello aún faltan nueve más que se pasean en total impunidad.
Leonel Rivero mencionó que Carpio Mayorga se mantiene en una prisión preventiva desde Pichucalco, no obstante, goza de diferentes privilegios que no debe tener cualquier persona en su posición legal.
Bautista mencionó que persisten amenazas de muerte a miembros del Mocri-CNPA-MN que a su vez forman parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA), como es el caso del compañero Adan López Calvo y su familia, pero el movimiento se niega a generar medidas de protección.
Sin solución
El día 13 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al municipio de Amatán, además de reunirse con la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas, para tratar de solucionar el caso, pero hasta el momento no se ha concretado.