Fabio Martínez Castilla, arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, expuso que los conflictos religiosos en Chiapas han disminuido al menos en en este 2019, y los que se han presentado en realidad han tenido un trasfondo político.
En relación a este tema, expuso que la iglesia siempre está pendiente de este tipo de conflictos a través del Consejo Interreligioso, quien ha documentado este tipo de acciones.
“Claro que se han presentado casos de intolerancia religiosa, sin embargo, se ha observado de manera general que en la mayoría de los casos se convierten, ya que responden a intereses de partidos políticos”, expresó.
Causas
Esta situación ha sido generada principalmente en las comunidades indígenas, “ya que se siembra división y discordia”, y esto genera disputas que han derivado en tragedias, pero todo tiene relación con el tema político.
“Se pasa de un problema por diferencias partidistas a un conflicto familiar y se pasa a un conflicto religioso.
No podemos decir en la mayoría de las ocasiones que un problema es completamente social o religioso”, agregó.
El prelado indicó durante la conferencia dominical que todo esto también va ligado con el conflicto de tierras, habiendo detrás de ello siempre un líder o cacique que muchas veces ni es del lugar donde se ha originado una disputa.
Sin embargo, reconoció que muchos de estos conflictos se originan porque en la población se tiene a personas que se han adueñado de los pueblos o comunidades muchas veces desde la política, desde las presidencias municipales donde gobiernan familias poderosas.
“Es un tema complejo; en lo que respecta a la intolerancia religiosa sí existe un avance ya que en el Consejo dialogamos y los apoyamos para que las cosas no se salgan de control, siempre estamos en disposición de ayudar”, comentó.
En relación al tema de los megaproyectos que se tienen contemplados a ejecutar en el sureste de México, donde Chiapas está contemplado como es el Tren Maya y el gasoducto, consideró que más allá de realizar una consulta popular se debe realizar estudios serios de los beneficios que puedan realmente traer a la población.
Esto, dijo, dará certidumbre a las comunidades y no mentirá como puede hacerse con una consulta popular que puede ser amañada.