La indígena Marcela Hernández Pérez, de 50 años de edad, desplazada desde hace más de cuatro años del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, falleció en el albergue en que se encontraba junto con otras 253 personas más, informó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
Informó que los desplazados, que habitan en un albergue ubicado en esta ciudad, bloquearon este viernes la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, para demandar a las autoridades una solución de fondo al problema, comenzando con el retorno a su comunidad.
Señaló que se desconocen las causas de la muerte de Marcela, quien deja huérfanos a siete hijos. “No sabemos de qué murió, tenía desvanecimientos desde antes, por lo que una doctora de la Secretaría de Salud le recetó un medicamento, pero no fue suficiente”, añadió.
Afirmó que el bloqueo que comenzó a las 9:00 horas de este viernes, “es para exigir que se resuelva de fondo el problema, que se avance en las carpetas de investigación iniciadas y se desarticule el grupo armado que impide el retorno de las familias”.
Comentó que los familiares de la difunta han pedido al alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, que se permita sepultarla en el ejido Puebla, pero les respondió que la comunidad se opone, por lo que le solicitaron que se autorice enterrarla en el panteón municipal, ubicado en la cabecera, y les contestó que lo consultará con sus representantes.
Cadenas Gordillo dijo que Mariano Gómez Sántiz, esposo de Marcela, es primo hermano del alcalde, originario del ejido Puebla, y “uno de los que encabezó el desplazamiento el 26 de mayo de 2016, por lo que debería de estar en la cárcel”.
Sostuvo que Cruz Gómez “es el principal opositor al retorno, que está condicionando a que sea liberado Javier Gómez Gutiérrez, el único preso por el homicidio de Guadalupe Cruz Hernández, ocurrido el 26 de mayo de 2016, ya sentenciado a 26 años de cárcel”.
En este sentido el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se reunió con un grupo de los desplazados y señaló que si bien es un deseo común el retorno de las familias desplazadas a las comunidades, este tema no puede ser tomado a la ligera, ya que se debe considerar que este proceso se ejecute con seguridad, dignidad y tranquilidad, de tal manera que el volver a sus viviendas les genere estabilidad, sin que existan riesgos ni actos que lamentar.
“Hay voluntad por ambas partes, sólo estamos buscando puntos de coincidencia que ya se pusieron sobre la mesa y estamos en esa generación de acuerdos, motivando el diálogo y haciendo lo que a cada quien le corresponda para tener condiciones de un retorno seguro”, afirmó.