“El municipio está sujeto a las obligaciones que conlleva la observancia del derecho internacional de los derechos humanos (DDHH), por lo tanto, este deberá responder a la exigencia universal de respetarlos”, destacó el docente en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Artemio Molina Utrilla.
Acotó en la conferencia El enfoque de los Derechos Humanos en la Gestión Municipal, del Instituto de Administración Pública, que “todas las autoridades políticas y administrativas están obligadas a garantizar dichas prerrogativas fundamentales”.
El doctor en Derecho Público propuso tres acciones concretas que pueden generar la participación activa de los municipios en la materia:
Incluir a los municipios en los debates de DDHH y en el Programa Nacional de Derechos Humanos, con finalidad de conocer sus problemáticas, retos y desafíos.
Impulsar una campaña nacional de capacitación y fortalecimiento institucional.
Armonizar el sistema de procuración e impartieron de justicia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, con el objeto de evitar lagunas y mejorar la coordinación intergubernamental en el sistema de justicia.
Estas, destacó, deben ser más firmes en el ámbito de justicia, servicios públicos y fijos en los reglamentos municipales, expedidos por el Ayuntamiento; asimismo, ejemplificó con ventanillas para la atención a personas con discapacidades, ya que “muchas veces el municipio tiene los servicios en un segundo o tercer piso”.
Y citó la estadística del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), que dice que “las personas de la tercera edad no van a realizar trámites municipales, pues no tienen la capacidad motora para hacerlo; otra propuesta sería una ventanilla única para todos los servicios que atienda a este grupo poblacional”.
Sostuvo que la Constitución estatal manifiesta la obligación que obliga a los municipios a respetar los DDHH, como género y discriminación en sus servicios locales.
Ombudsman
Los derechos humanos, anteriormente denominados garantías individuales, adquirieron grado de constitucional a partir el 10 de junio de 2010 cuando se integra a materia la noción de persona, favorecida la interpretación armónica de la Constitución con tratados internacionales, atendiendo los principios pro personas.
Compromiso
Esto obligó a las entidades a dotar de autonomía a órganos públicos que se especialicen en los derechos individuales, siendo los titulares o ombudsman quienes “deben atender violaciones o distinciones que vulneren algún derecho humano. De manera obligatoria, Tuxtla Gutierrez debe de tener un responsable municipal”, dijo el investigador nivel 2 del Conacyt.
Este personaje, explicó, está encargado de atender quejas y realizar los procedimientos donde se analizan los elementos de un caso, e investigar si hay o no violaciones graves a derechos humanos, con facultades en materia de acción de inconstitucionalidad.
Él y la Comisión Municipal de los Derechos Humanos también pueden asesorar y orientar a los habitantes municipales, en especial a menores, mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y personas que perdieron su libertad, a fin de que le sean respetados sus derechos.