El pasado 18 de julio, en un fallo de juicio emitido por el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “hubiese actuado de otra manera”, sin embargo no autorizó la investigación hacia su representación en el país.
La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades locales a favor de Blackfire para que bajaran las protestas en la comunidad cuando supieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida.
A pesar de ello, el juez negó ordenar al comisionado que investigue a los posibles implicados del asesinato.
Mariano Abarca fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.
La familia de Abarca inició un proceso para solicitar la revisión jurídica de la decisión del comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca.
José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año mencionó: “Estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.
El juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era “razonable” considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta, informó la organización Otros Mundos A.C
“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.
Además, según la familia, la decisión de la corte carece de una examinación seria de porqué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá y sobre las cuales los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.
“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá publica y reconoce, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó el abogado Yavar Hameed, quien representa a la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.
La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá presentaron su queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018, después que el comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciaron su intención de llevar su denuncia a la corte federal en mayo de 2018.
No obstante, ahora ante este fallo, nuevamente refrendan su compromiso para que se efectúe una rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano, con este objeto, están preparándose para ejercer su derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.