Un promedio de 43 organizaciones afines al Sindicato de Trabajadores del Transporte Público “Alianza” en el estado de Chiapas, mostraron su preocupación debido a que la Ley de Movilidad y Transporte presuntamente se aprobó en “fast track”, es decir, muy a prisa y sin el tiempo necesario para el análisis, situación que genera incertidumbre y malestar social en el sector.
Aunque la propuesta ya fue aprobada este jueves en sesión del Congreso, las agrupaciones piden a los integrantes de la 67 Legislatura a que den la oportunidad al gremio de revisar los puntos medulares, debido a que son ellos los que, históricamente, han prestado el servicio público.
De lo poco rescatable que observaron dentro del documento y de lo que se ha hecho público, dijeron, es que habrá castigos más severos para los transportistas o personajes que promuevan el “pirataje” en Chiapas, es decir, las unidades que trabajan sin una concesión previa.
La idea de entablar una mesa de trabajo con el Legislativo, añadieron también los integrantes de la Alianza del autotransporte, es enriquecer la propuesta y, lo más importante, es que cada uno de los artículos ahí vertidos se cumplan a cabalidad.
Cuando se mandan iniciativas tan importantes como esta, que permite la entrada del servicio de unidades a través de aplicaciones, dijeron los transportistas, es necesario reflexionar y analizar cada punto, debido a que en todas las administraciones se hacen cambios a las leyes y no terminan por dar los resultados que reclama la sociedad.
Los representantes de las organizaciones lamentaron que sólo existiera un posicionamiento legislativo, que hizo referencia a la necesidad de instalar mesas de trabajo y escuchar a los sectores que a diario prestan un servicio en las diferentes modalidades.
El exhorto se hizo a las autoridades estatales para que, antes de que la Ley de Movilidad y Transporte -que también busca la regulación de las concesiones, los mototaxis y bicitaxis- sea publicada en el Periódico Oficial de Chiapas, los sectores puedan expresar su punto de vista sobre la estructuración.
“La experiencia debe enseñarnos, ya que cómo se hicieron las cosas en los dos gobiernos pasado recientes, la ley de la materia poco ha servido y de ahí las condiciones tan desordenadas en que hoy vive el transporte, que lo tiene al borde del colapso”, argumentaron.
Finalmente, los transportistas adheridos a diferentes organizaciones mencionaron que cualquier cambio en la ley se tiene que hacer para servir y proteger a la sociedad, y no para beneficiar a grupos o intereses particulares; por lo tanto, se tiene que fortalecer la gobernabilidad tomando en cuenta que las autoridades son transitorias pero el gremio no. Por esa razón, se requiere de certidumbre y no de decisiones que puedan generar diferencias sociales en la entidad.