La Organización Sociedad Civil Las Abejas solicitó a Esmeralda Troitiño Arosamena, abogada para México y comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que “interceda” para que este organismo “emita de una vez por todas su informe de fondo” sobre el caso de los 45 indígenas tzotziles masacrados por paramilitares priistas en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.
Añadió que “los resultados de sus valiosas investigaciones son muy importantes para que los malos gobiernos dejen de proteger a los responsables de la masacre y se desmantelen las actuales condiciones de militarización y paramilitarismo que continúan hoy en nuestras comunidades”.
La agrupación, a la que pertenecían las víctimas, señaló que “no podemos dejar que se olvide el crimen de lesa humanidad cometido” en Acteal, “donde dieron su sangre nuestras 45 hermanas y hermanos masacrados, más cuatro bebés que fueron sacados del vientre de sus madres por un grupo de paramilitares que venían de diferentes comunidades de nuestro municipio de Chenalhó”.
Remarcó: “No nos cansamos de demandar que se haga verdadera justicia para nuestros mártires, para los que presenciaron y sobrevivieron este hecho tan atroz y para sus familiares, que han tenido que vivir tanto tiempo viendo cómo los malos gobiernos ocultan la verdad, protegen y premian a los asesinos, dividiendo a los que reclaman justicia, lo que sólo provoca que se sienta fácil repetir hechos tan atroces entre nuestros pueblos, pues los responsables materiales e intelectuales no han tenido castigo”.
Sostuvo que “bajo diferentes uniformes”, como los de la Policía Estatal, Policía Federal Preventiva, Policía Judicial y ahora la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas “del mal gobierno sólo vienen a nuestros territorios para sembrar el miedo entre los que defienden su tierra y sus comunidades frente a los intereses de los poderosos”.
Por eso, añadió: “Era tan importante lo que se acordó en San Andrés hace 25 años y que se había plasmado en la propuesta de reformar la Constitución para que los recursos naturales se pudieran aprovechar según el criterio y mandato de los pueblos indígenas, poniendo freno a las ambiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros que siempre han querido adueñarse de ellos. Pero no fue eso lo que pasó. Como sabemos, el gobierno no cumplió y, al contrario, hizo todas las reformas estructurales neoliberales a la Constitución para garantizar el derecho de los ricos a comprar nuestras tierras ejidales, nuestros bienes comunales y a expropiar nuestros terrenos cuando convenga a sus intereses, sin consultarnos”.
Los acuerdos de San Andrés fueron firmados el 16 de febrero de 1996 por el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).