El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas dio a conocer que desde hace tres años han sabido de las situaciones de injusticia de los señores Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, recluidos en las cárceles de Chiapas.
A decir del Frayba, ellos son parte de una lucha que integran junto a Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, además de sus familiares, quienes decidieron enfrentar al sistema de justicia mexicano, advirtiendo que se les ha robado su proyecto de vida.
“En el Frayba somos testigos de la acción radical donde estuvieron al borde de la muerte los señores Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián, tras irse a huelga de hambre por 130 días en búsqueda de la libertad. A través de su palabra han sustentado su exigencia de justicia, denunciado a sus perpetradores. La respuesta de los gobiernos federal y estatal ha sido la de administrar las peticiones y mantener el pacto de impunidad”, sostuvieron.
El organismo expuso que después de una revisión de los expedientes penales, pueden sostener y argumentar que los procedimientos están cubiertos de violaciones al debido proceso consistente en las diligencias judiciales.
Ya que estos van desde la falta de traductor, presunción de inocencia, de una defensa adecuada, además de ser víctimas y sobrevivientes de tortura y discriminación, donde se constituyen las actuaciones de impunidad bajo la consideración de tratarse de personas que son parte de un pueblo originario.
Se suma un retardo judicial injustificable, a la par de que los presos injustamente han padecido el sistema carcelario que, aseguran, representa el lugar de exterminio social, zonas de constante riesgo a la integridad personal y a la vida, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
Por tal razón, aseguran que se suman y exigen al Estado mexicano al cumplimiento de la opinión 43/2021, la cual emitió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, quien refiere que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria y exige investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a los responsables de la violación de sus derechos.
“Sin dilación, el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado e invitamos a todas las personas, colectivos, organizaciones a sumarse por el clamor de libertad; así también a escuchar la propia palabra de Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián, la voz que desde su alta dignidad exigen libertad y justicia”, expresaron.