El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Arturo De León Loredo, explicó que las personas que reciban una sentencia condenatoria por violencia política en razón de género, serán ingresadas a un registro federal con sanciones de hasta cinco años y tendrán prohibido participar en algún cargo de elección popular.
Recordó que fue en el mes de abril cuando se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también se modificaron la de medios de Impugnación y Delitos Electorales, de Responsabilidades Administrativas y del Poder Judicial; la idea es que se respeten los derechos políticos de este sector de la población.
El INE tiene dentro de sus obligaciones promover una cultura de no violencia en los derechos políticos de las mujeres, además de incorporar la perspectiva de género en la vigilancia de las campañas electorales en radio y televisión, así como sancionar todas las conductas que generen violencia en el plano administrativo.
De León Loredo comentó que se busca erradicar la violencia que creció en el ámbito político-electoral; por esa razón, el organismo puso en marcha la creación de un padrón nacional de personas sancionadas para sistematizar y hacer del conocimiento público los nombres de aquellos que han incurrido en conductas inadecuadas, siempre y cuando, quede en firme la sentencia que emitan organismos jurisdiccionales, administrativos, penales, federales o locales.
Los ciudadanos sancionados por violencia política en razón de género permanecerán en el registro durante tres años, siempre que su error se catalogue como leve; subirá un año más en caso de que sea considerado como una amonestación ordinaria; y llegará hasta cinco años en aquellas situaciones en las que se acredite una conducta catalogada como especial.
El delegado del INE en Chiapas comentó que el registro de personas amonestadas puede incluir a los agentes estatales (funcionarios públicos de cualquier nivel), superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, representantes de partidos, candidatos, candidatas, medios de comunicación y sus integrantes, es decir, el espectro de sujetos posibles a quienes se les pueden aplicar las sanciones es muy amplio.
Aclaró que con estas medidas el INE no busca sancionar a los políticos o personajes de la vida pública, pero sí fomentar la cultura de no violencia en la vida política del municipio, del estado y del país. Cuando se presente una queja o denuncia, explicó, la autoridad que reciba la documentación estará obligada a resguardar la evidencia y, en caso de que no sea de su competencia, tendrá que turnar el oficio al organismo especializado.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política será público y estará en un sitio de interés para la población. El castigo, en el plano administrativo, puede incrementar si la conducta irregular se realizó en contra de mujeres indígenas o grupos (tradicionalmente) discriminados; también aumenta la pena si la violencia es encabezada por dirigentes de partidos políticos.
Todas las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales están informadas de la creación de un nuevo padrón, para que las personas sancionadas por violencia política se abstengan de participar en nuevos cargos de elección popular, a fin de no repetir más agresiones.