Adultos mayores que adquirieron hace algunos años, a través de la cesión de derechos, placas de colectivos y taxis de la sociedad Cooperativa Corban de Chiapas, piden la intervención del gobernador del estado y del secretario de Movilidad y Transportes para deslindarse y ser personas físicas con los derechos plenos de esas concesiones.
Informan que por las concesiones tuvieron que pagar grandes cantidades de dinero a la ex líder Beatriz Rivera Domínguez, quien durante 24 años se ha ostentado como presidente vitalicia de esa organización.
En entrevista (por separado) a Hilda Vázquez Reyes, de 77 años de edad; Jesús Gálvez Ruiz, de 88; Lesvia Adelmira Santiago Cáceres, de 82, así como a Reyna Concepción Figueroa Meoño y María del Carmen Román Cabrera, denunciaron que han sido víctimas de irregularidades por parte de Rivera Domínguez.
Señalan que en su momento, Beatriz Rivera recibió tres concesiones del Gobierno del Estado de Chiapas, las cuales amparan 19 espacios: 17 de colectivos y dos de taxis, mismos que a través del tiempo fue cediendo notarialmente tras recibir grandes cantidades de dinero que los interesados pagaron, pero sin que, quienes las compraron, aparecieran o los incluyeran como socios en el acta constitutiva.
En el caso de los denunciantes, quienes con los ahorros de su vida laboral pagaron para adquirir la cesión de derechos de un espacio en el transporte público, en dos de los casos, pero hace más de dos décadas tuvieron que pagar más de 100 mil pesos y en el tercero más reciente la cantidad que oscila en 700 mil pesos, pero además habría dado 300 mil pesos más con la promesa de una nueva concesión dentro de otra cooperativa, sin que esto se cumpliera.
Los que hoy tienen la cesión de derechos notariada y con ello las placas de las unidades que cubren las rutas 45 y 46 Unidad Administrativa-Centro y dos taxis con los números económicos 1190 y 1191, se han organizado para pedir al Gobierno de Chiapas a intervenir, toda vez que han sido objetos por malos manejos de embargos.