Una vez que los diputados federales avalaron la revocación de mandato para la presidencia del país y las gubernaturas locales, para hacer efectiva esta solicitud y renovar autoridades vía la consulta popular en Chiapas se necesitarían de al menos 350 mil firmas, pero son números que difícilmente se alcanzarán, consideró Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
De acuerdo con el funcionario electoral, lo que los políticos en nuestro país terminaron aprobando va a generar una “sobreexpectiva” que luego será más dolorosa, en términos de percepción ciudadana. Para destituir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se requieren cerca de tres millones de firmas, considerando el padrón electoral actual y que dicho proceso sea avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Se trata de un derecho al que ahora podrá acceder la ciudadanía, pero tiene un candado: solamente será aceptado cuando se realice dentro de los 90 días posteriores a que el actual Gobierno federal cumpla tres años en el poder, la solicitud sólo será en una ocasión.
En caso de que resulte efectivo, el Congreso de la Unión sería el organismo encargado de nombrar un nuevo mandatario para el país, para culminar el sexenio; en consecuencia, sucedería lo mismo en el aspecto de las gubernaturas, con relación a la facultad con la que cuentan los diputados locales.
Congresos
La revocación de mandato, por tratarse de un tema constitucional, debe contar con la aprobación de 17 de los 32 Congresos locales; en el caso de Chiapas, en días recientes y por unanimidad de votos, los integrantes de la LXVII Legislatura aprobaron esta disposición federal.
El argumento fue que se trataba de un asunto de urgente y obvia resolución. Los legisladores que subieron a la tribuna apoyaron la propuesta, ninguno criticó la minuta de acuerdos que se hizo en San Lázaro, en la Ciudad de México. Las entidades federativas tienen 18 meses para hacer sus reformas legislativas acordes al tema.
Chacón Rojas, durante su intervención en el último día de actividades de la Segunda Feria Internacional del Libro Unicach 2019, dijo que uno de los aspectos más importantes es que las consultas (en caso de que se lleven a cabo) no van a coincidir con las elecciones intermedias, para que el presidente de la República no estuviera en campaña al mismo tiempo que los partidos políticos.
Es decir, se evitará que dentro de las boletas electorales venga la imagen de López Obrador, lo que disminuyó el temor en la oposición; el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder, estuvo de acuerdo en hacerle las modificaciones necesarias a la minuta de acuerdo para conseguir el consenso.
Complicaciones
Dentro de los obstáculos que observa el Consejero Electoral para la implementación de la revocación de mandato, es el cansancio social que se traduce en lo pesadas que son las campañas electorales previo a las elecciones y a eso hay que sumarle que la población, nuevamente, tendría que ir a las urnas y la consulta podría generar indiferencia.
“La votación para decidir la permanencia del presidente será ochos meses después de los comicios, es decir, ya será en el 2022, se habla que puede ser en febrero o en marzo”, añadió el consejero presidente.
Además, se tiene que alcanzar el umbral del 40 por ciento de participación ciudadana, pero estos números no superan la popularidad que en la actualidad tiene el presidente del país. El desgaste de los gobernantes inicia en el penúltimo año de gobierno, pero la consulta está programada en el antepenúltimo.
Lo riesgoso, explicó Chacón Rojas, puede reflejarse en los gobiernos locales, tomando en cuenta que ellos no tienen la misma aceptación que López Obrador. Las democracias más sólidas en el mundo, enfatizó, no tienen dentro de su figura política la revocación de mandato, opción que sí puede generar ingobernabilidad en un país y hasta polarización política.
Con relación al número de firmas que se deben reunir para que López Obrador deje la investidura presidencial, refirió que se trata de una cifra “muy fuerte” pero puede ocurrir; para el caso de los estados, lo equivalente es a un 10 por ciento del padrón electoral.