Durante este año, las intimidaciones, amenazas, aprehensiones y asesinatos hacia defensores de la vida y el territorio han tenido un repunte notable en Chiapas, lo que ha hecho que la convicción de salvaguardar el medio ambiente también signifique un riesgo.
El hallazgo sin vida en un hostal, sobre la carretera Palenque-Ocosingo de la activista ambientalista, Nora Patricia López León, encargada del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el Parque Ecoturístico “Aluxes”, se suma a la lista de otros dos activistas por la defensa de la vida que han sido ultimados en lo que va del año.
Por los casos, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (Cepaz) pidió un alto a la criminalización, hostigamiento e intimidación de defensoras y defensores ambientales en Chiapas, al tiempo de exigir respeto al derecho y deber de los individuos, grupos y a las instituciones de promover y proteger los derechos y libertades fundamentales.
Ante el asesinato de la ambientalista, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su titular Víctor Toledo, expresó que el sector ambiental esta de luto por este acontecimiento.
A su vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio atrajo el caso, para continuar con la investigación del feminicidio en contra de quien o quienes resulten responsables.
Vulnerabilidad
Sin embargo, el asesinato de López León no es el único, ya que en este año se contabilizan al menos dos acontecimientos similares.
El 3 de enero se produjo en Arriaga, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua.
Por este evento, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) expresaron su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores.
De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos fueron asesinadas durante este periodo; tres de ellos sucedieron en Chiapas, nueve hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante el 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia.
Todo esto en apenas 4 meses.
Asimismo, el 11 de junio, José Luis Álvarez Flores, encargado de la preservación del mono Saraguato y defensor de la extracción arenera en el río Usumacinta, fue asesinado entre los límites de Tabasco y Chiapas.
Álvarez Flores fue asesinado a las 12:25 horas a la altura del kilómetro tres de la carretera Ejido Calatraba, del municipio de Palenque, Chiapas, aunque el cuerpo fue hallado a unos 25 metros de la orilla de la vía.
Al momento de su muerte, Álvarez Flores estaba encargado de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Saraguato (mono que predomina en la zona y al cual buscaba proteger de atropellamientos carreteros) y en diversos momentos hizo acusaciones sobre extracción ilegal de arena.
Además, se han registrado otros actos en contra de este sector por ejemplo; en mayo pasado cuando habitantes del fraccionamiento El Bosque en Tuxtla Gutiérrez; por defender un área verde, fueron detenidos sin orden de aprehensión las CC. Magaly del Refugio Ruíz, Ma. Antonia Salazar y Óscar Armando Robles por más de 300 policías de seguridad pública municipal, estatal y de investigación, además de hostigar y amedrentar a familiares y vecinos.
En junio, en la cabecera municipal de Chilón, el actual presidente municipal, Carlos Jiménez Trujillo, impulsa una campaña de represión, hostigamiento y criminalización en contra de las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Agua (Modea); destituyó al director y a los comités de agua, y ha desconocido a la organización ciudadana y comunitaria que administra el sistema municipal de agua.
En julio, dentro de San Cristóbal de Las Casas, se criminalizó la defensa del ambiente y el territorio que mantienen desde hace varios años pobladores de la colonia Maya; el empresario Óscar Liévano Narváez deforestó impunemente un área de bosque en el predio La Moraleja para construir un fraccionamiento de 200 lotes, esto, ha causado daños ambientales.
Por todos estos hechos, el Cepaz informó que en los meses recientes, se ha intensificado el hostigamiento, intimidación y criminalización de defensoras y defensores del agua y el ambiente.
“Es de suma preocupación, la vulnerabilidad y el alto riesgo al que se enfrentan quienes defienden los bienes naturales, el ambiente y el territorio”, mencionaron.
Por tanto, el Colectivo ante todos estos hechos de criminalización contra defensoras y defensores ambientales, y con fundamento en el artículo primero constitucional, exigieron el respeto de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
Así como también, el Acuerdo de Escazú, sobre el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano y los derechos de acceso, quien enfatiza la necesidad de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.