Luego de reconocer el trabajo que viene realizando el Gobierno del Estado, transportistas legalmente concesionados en esta región de los Altos, presentaron una propuesta a las autoridades para dar solución a la problemática del transporte en San Cristóbal de Las Casas.
El grupo conformado por más de 30 organizaciones propone dar solución a la problemática “desde su origen, sus causas y efectos ya que solo de esta manera se dará solución”.
Ricardo Lazos, en representación del grupo, dijo en la conferencia de prensa, realizada la mañana de este martes, que como transportistas legalmente concesionados y con el conocimiento adquirido a través de los años proponen cuatro puntos para el otorgamiento de concesiones.
Primero, “la retirada voluntaria de las unidades ilegales y que esto se pueda realizar sin ningún operativo, ya que la Secretaría de Movilidad y Transporte conoce a los líderes que promueven y protegen las unidades ilegales”.
“Para que voluntariamente retiren todas las unidades ilegales y que en caso que se negaran hacerlo, que solicité a la Fiscalía General del Estado se efectúen las carpetas de investigación que ya existen de cada uno de ellos, y realizar un fuerte operativo para que no exista ninguna unidad ilegal”.
Segundo, “el reordenamiento de las rutas urbanas ya establecidas y que están legalmente concesionadas”.
Tercero, “que se realice un estudio técnico de factibilidad por alguna institución, como puede ser la Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Tuxtla o el Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.
Cuatro, “que el otorgamiento de concesiones sea con apego al resultado del estudio técnico de factibilidad y de lo enmarcado en la Ley de Transportes del Estado de Chiapas y su reglamento”.
El grupo de organizaciones transportistas denunció que el origen del problema se dio a principio del año 2017, con el entonces titular de la Secretaría del Transporte, quien permitió a organizaciones como la Cioac, UNTA, Mocri, Antorcha Campesina, que pusieran a trabajar de manera ilegal unidades del servicio público.
“Con la invasión de estas unidades ilegales y ante la falta de la aplicación de la ley en ese entonces, se permitió que nuevas organizaciones pusieran a trabajar nuevas unidades ilegales, convirtiéndose esto en un negocio”, señalaron.