Difusa, fiscalización de Cultura Comunitaria
Este es uno de los proyectos con mayor presupuesto de la gestión del Andrés Manuel Lopez Obrador. Cortesía

Doscientos millones de pesos, la mitad del presupuesto de Cultura Comunitaria —la apuesta más importante de la Secretaría de Cultura federal— se destinan a materiales para los Semilleros Creativos (uno de los cuatro ejes del programa), materiales didácticos, producción de eventos, pago de templetes, lugares, audios y pago de honorarios artísticos y presentaciones.

En algunos casos son pagos a artistas como músicos, cineastas, teatreros —pueden ser o no de la comunidad—, y en otros casos son creadores de pueblos originarios, con saberes tradicionales: desde una cocinera hasta un volador.

Este recurso de 200 millones equivale a una tercera parte de los 600 millones para creadores que tiene el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de ahí que muchos describan a Cultura Comunitaria como un “Fonca chiquito”. Pero en términos de fiscalización hay una gran distancia entre ambos: contar con un beneficio del Fonca representa para muchos creadores un proceso largo, complejo por la tramitología y justificación de gastos. En el caso de Cultura Comunitaria no hay todas estas reglas; no son fijas ni claras. El argumento en estos casos tiene que ver con los lugares y condiciones en que viven muchos de esos creadores, pero también porque hay prácticas culturales que no son cuantificables para comercializar: el rezo de un tronco para un ritual, por ejemplo.

Sin embargo, plantea Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen), de la UNAM, como todo programa con recursos públicos, Cultura Comunitaria requiere reglas de operación. Determinar lo que se paga por una expresión es un proceso que pretende realizar la Secult desde que lanzó hace seis meses este programa.

“Nosotros como Cultura no podemos llegar a promover una serie de acciones sin darles, aparte del valor cultural, el valor económico”, precisa la titular del programa, Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural.

Como informó este lunes en su versión impresa, los otros 200 mdp del programa (de un presupuesto total de 400 mdp) se destinan al pago de personal de apoyo: 630 personas a quienes se les paga a través de una outsourcing, Lore Soluciones Integrales, con la que se celebró un contrato por 178 millones de pesos (que no incluye el IVA).

A diferencia de este contrato con una outsourcing, los 200 millones de pesos para pagar a artistas, creadores ancestrales y producción de eventos, difícilmente podrán ser objeto de comprobación, aunque Esther Hernández sostenga que “cada cosa que se compre tiene que tener su soporte”. Ella misma, más adelante en la entrevista, justifica: “Si tengo que subirme a un burro para llegar de un lugar a otro porque no hay colectivo, no va a haber alguien que te dé las facturas, por eso o por el guía en ciertos caminos”.