El editor y traductor Alejandro Zenker, director del sello Ediciones del Ermitaño cuestionó la nueva Ley General de Bibliotecas, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 1 de junio, promovida por la Secretaría de Cultura federal. “Habría que aplaudirla, de no ser porque abre muchas dudas sobre el funcionamiento bibliotecario nacional por un lado y, por otro, porque a los editores nos enjaretan cláusulas punitivas cuyas consecuencias, intuyo, serán nefastas”, aseveró en un texto publicado en su página Mutatis mutandis.
Explicó que, en plena crisis por la pandemia, las autoridades “no solo vuelven a insistir en un anacrónico ‘Depósito Legal’, sino que penalizan su incumplimiento con una multa equivalente a 50 veces el precio de venta al público de los materiales no entregados”.
Esta disposición, observó, “pasa por alto que un número creciente de editores independientes publica libros en tiros cortos, y que ese depósito es desproporcionado e imposible de cumplir en muchos casos”.
No es viable
Zenker también advirtió que cada vez más se promueve la distribución bajo demanda, por lo que no necesariamente existe un tiraje inicial, por lo que “en esos casos el tiraje se tendría que hacer solo para cumplir con esta ley, lo que es absurdo”, explicó.
Otro punto a considerar es que muchas editoriales se encuentran en los estados, por lo que esta disposición centralista pone a las editoriales en franca desventaja al tener que hacer los trámites a distancia e incurrir en costos adicionales de envío. Además, “muchas editoriales independientes carecen de personal administrativo”, por lo que cumplir con esta disposición hará impensables muchos proyectos.
“Esto conducirá, intuyo, a un alejamiento, por parte de muchos protagonistas del quehacer editorial, del anacrónico sistema del ISBN e ISSN, únicos recursos disponibles con los que cuentan las autoridades para medir el cumplimiento de estas disposiciones”, abundó.
Por último, Zenker comentó que más que gravar con un nuevo impuesto a la golpeada industria editorial, el gobierno debería incentivarla con la compra de libros. Y señaló que la redacción del artículo 37 es confusa, ya que el Depósito Legal “tiene por objeto original la preservación de las obras y de ninguna manera su ‘consulta’ y menos ‘pública’. Abrirlo a dicha ‘consulta pública’ equivale a poner en manos ajenas, sin control, el patrimonio de la industria editorial”.
Si estas obras pasaran de facto al dominio público, “técnicamente esta ley podría significar la ruina de la industria editorial en nuestro país”, dijo.