Hace cuatro años escribí el libro El acceso de las mujeres a la justicia, en el que quise plasmar las grandes desigualdades que ellas enfrentan al entrar en contacto con el sistema judicial en México, que en general no actúa con perspectiva de género y en el que aún prevalecen los estigmas propios de una estructura acostumbrada a desacreditar las causas de las mujeres.
En México, al menos 66% de las mujeres ha sufrido un incidente de violencia, pero 88% de las víctimas decide no denunciarlo. Por ello, manifestaciones como las que tienen lugar el día de hoy sirven para expresar todas las inconformidades que el sistema no ha sido capaz de canalizar. Días como el 8M son también momentos de reflexión importante a nivel mundial, en los que, lejos de buscar politizar un tema tan importante para el desarrollo de las sociedades, es necesario aceptar que las mujeres se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y desventaja frente a los hombres en casi todos los ámbitos de la vida diaria.
Aunque hay quienes buscan sin cansancio confrontar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el movimiento feminista, lo cierto es que en México no había existido, como ahora sí, una administración federal que buscara garantizar que las mujeres mexicanas ocuparan los espacios de participación que por derecho les corresponden.
Después de la elección de 2018, por ejemplo, México consiguió un avance sin precedente en materia de representación política en el Congreso de la Unión, logrando 48% de presencia de mujeres en la Cámara Baja y 49% en la Cámara Alta, lo que nos colocó entre los cinco países del mundo con mayor representación parlamentaria femenina.
Este hecho, sumado a la voluntad política de concretar la paridad total en los espacios públicos, permitió la reforma de 2019, que modificó 10 artículos de la Constitución, para establecer la obligación de integrar paritariamente los poderes de la Unión en los tres niveles de gobierno, así como en los partidos políticos, órganos autónomos y cualquier entidad que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.
De manera complementaria, y reconociendo la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito público, en el Senado se aprobó un dictamen para tipificarla como delito y sancionar las acciones que lesionen los derechos políticos y electorales de las simpatizantes, militantes, precandidatas, candidatas y servidoras públicas. Asimismo, la Cámara Alta aprobó la llamada Ley Olimpia, por la cual se tipifican y sancionan el acoso, el hostigamiento y la difusión de contenido sexual en plataformas de internet o redes sociales, y las agresiones en contra de mujeres en medios de comunicación. Además, en materia de acceso a la justicia, se aprobaron mecanismos de protección, como el embargo preventivo de bienes del agresor y el desalojo del domicilio en casos de violencia.
Es decir, la agenda feminista es parte de la agenda legislativa y del plan alternativo de nación que impulsa el actual presidente de la República. Es normal y entendible que haya quienes busquen opacar estos avances en un lamentable intento por utilizar la causa feminista en tiempos electorales. Sin embargo, los hechos hablan: en menos de tres años de gobierno, la actual administración ha hecho más por la igualdad de género que lo que hicieron en 100 años los gobiernos del antiguo régimen.
Más allá del discurso y de la carga electoral que algunos grupos intentan imprimir a la causa feminista, ya existe un camino transitado que se deberá ensanchar hacia la efectiva protección de los derechos de las mujeres y su reivindicación como parte esencial del futuro que hoy estamos construyendo.
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