No se midieron los dipus de BC

La Constitución General de la República es la ley suprema en México. Una de sus primicias fundamentales es que de ella emanarán todas las demás leyes y que ninguna de éstas podrá contraponerse a dicha Constitución. Es decir, todas las normas legales están subordinadas a ella en forma irrefutable.

Luego entonces, todo lo que esté en contra de la Constitución es inconstitucional.

La reforma legal hecha por el Congreso de Baja California, que pretenden prolongar de 2 a 5 años en el cargo al gobernador recién electo, están claramente en contra de la Constitución General de la República. Por tanto, es inconstitucional y tendrá que ser corregida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Es cuestión de un tiempo corto. Es cuestión de que las demandas de inconstitucionalidad lleguen a la Corte, sean recibidas y aceptadas, analizadas y llevadas al pleno de ese que también es el máximo tribunal de justicia del país.

La Constitución y sus leyes secundarias prohíben realizar modificaciones legales fundamentales a las normas electorales noventa días antes del inicio de un proceso electoral de que se trate. Eso para garantizar equidad e imparcialidad en la contienda.

El Congreso de Baja California hizo una reforma en un periodo de tiempo prohibido por las máximas normas y por eso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJ) echó abajo esas reformas locales, realizadas con anterioridad a la fecha de comicios, y notificó su decisión dos días antes de las elecciones para gobernador en esa entidad del norte del país.

La elección fue realizada en los términos señalados por las leyes vigentes de esa fecha que eran que el gobernador que resultara electo en esa jornada cívica duraría en el cargo dos años, para que esa fecha fuera empatada con las elecciones intermedias del 2021.

Aun así, el Congreso del Estado realizó reformas legales para aumentar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.

Aquí surgió otro inconveniente legal que ya raya en una aberración descomunal: la enorme ventaja en favor del referido gobernador electo quien, sabedor de que ya había ganado la elección, operó bajo el agua para que los legisladores le otorgaran la posibilidad de estar en el cargo tres años más del periodo para el que fue electo.

Es decir, los legisladores le regalaron, de facto, tres años como gobernador que los votantes nunca le concedieron.

De entrada, entonces, los diputados locales de BC están burlándose del pueblo que votó en las elecciones, después están pasando por encima de otros ciudadanos –están violentando sus derechos políticos- que seguramente van a buscar ser candidatos a gobernador en las elecciones del 2021 y, desde luego, están violentando principios fundamentales de la Constitución Política de México y sus leyes secundarias.

En esencia, los legisladores citados han realizado actos antidemocráticos y anticonstitucionales que deberían ser imperdonables por sus ímpetus dictatoriales y absolutistas.

Castigos a diputados

En principio y esto que a continuación voy a contar es muy bueno, el Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) han advertido que van a expulsar de sus filas a sus legisladores que votaron dichas reformas. Y no importa que vayan a refugiarse a Morena, porque eso va a suceder o ya está sucediendo en los hechos.

No importa porque, de todos modos, esos castigos van a sentar un precedente contra todos aquellos malos legisladores que en algún momento pudieran intentar algo similar. Para que ahora lo piensen dos veces y para que esos actos no queden impunes.

También se informó en las recientes horas que al menos cinco organizaciones de la sociedad civil (ONG) buscarán la anulación de la reforma constitucional que amplió de dos a cinco años el próximo periodo de gobierno que encabezará Jaime Bonilla Valdez, a partir del próximo 1 de noviembre.

Esas organizaciones son las siguientes: Comité Defensa del Agua, Comunidad BC Resiste, Plebiscito en Defensa del Agua, Diálogo entre Jóvenes, y Trabajadores y Resistencia Civil de BC anunciaron que presentarían este viernes una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por el presunto delito de soborno, en contra de los 21 diputados locales que aprobaron la reforma a quienes, presuntamente, se les habría ofrecido un millón de dólares a cada uno para que aprobaran las reformas.

La querella se debió haber formulado un día después de que el gobernador electo respondió al exhorto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a miembros del Congreso local y a los ayuntamientos de Baja California para que dejen sin efecto la norma aprobada el pasado lunes 8, por 21 legisladores.

Si llegasen a realizar eso, entonces se quedarían sin efectos las demandas de inconstitucionalidad presentadas en su contra.

En referencia a eso, el Congreso de Baja California anunció que decidirá en la sesión ordinaria del próximo 25 de julio si hace la declaración de validez de la reforma constitucional para un gobierno de cinco años o, por el contrario, aprueba un mecanismo que cancele la ampliación del gobierno tras analizar el exhorto que les hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Es decir, después de haber visto las enormes reacciones en contra hechos por diversos actores políticos a nivel nacional, los multicitados diputados están pensando ya dar marcha atrás a ese grave error político y legal que cometieron.   

Al no tener un carácter vinculatorio ni repercusiones jurídicas, los legisladores locales analizarán desde el ámbito político si hacen caso omiso del exhorto que hicieron los senadores y diputados federales.

Pase lo que pase, todos esos diputados con nombres y apellidos ya han sido exhibidos y estigmatizados en todo México de que fueron unos legisladores vendidos, antidemocráticos y sinvergüenzas.

alexmoguels@hotmail.com