Fátima y el gobierno fallido
Vaya semana que está por terminar. En un contexto en que las mujeres mexicanas están muy sensibles por tantos feminicidios –crímenes por odio contra mujeres-, las pasiones se encendieron a nivel nacional después de haberse conocido el hallazgo de la niña Fátima, de siete años de edad, y quien días antes había sido sacada de su escuela por una mujer cuyo nombre, después se supo, correspondía a una persona conocida por su mamá y por esa razón la menor no opuso resistencia y se dejó llevar pensando, quizá por su inocencia, que no había malas intenciones de quien ahora sabemos se llama Giovana.
Ya ha pasado en otros casos de feminicidios en distintas partes de México, pero el caso particular de Fátima destapó una cloaca de las instituciones gubernamentales cuyos protocolos de actuación, si es que acaso los tienen, están inservibles y disfuncionales.
Empecemos por la escuela. Sus directivos son maestros, pero al mismo tiempo son parte del gobierno porque el gobierno les otorga una plaza laboral, les asigna un cargo que desempeñar y les paga un sueldo para desarrollar una actividad específica.
Los directivos de la escuela de Fátima fueron los primeros en fallar, fueron determinantes en la muerte de la niña, pues permitieron que, sin el permiso expreso de la madre, una mujer se llevara a la niña rumbo a su desgracia inminente.
Actuación tardía. Sigamos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuyos fiscales, a pesar de haber recibido la denuncia de desaparición a tiempo, no quisieron lanzar la alerta ámber pretextando que tenían que esperar el transcurso de 72 horas. En otras palabras, la búsqueda de la niña empezó en forma tardía.
Sigamos con el DIF de la Ciudad de México. Esa institución, cuya principal función es, como su nombre lo indica, preservar el desarrollo integral de la familia, no cumplió en forma eficaz con sus funciones en ese caso, porque ya tenían conocimiento desde 2015, cuando Fátima tenía apenas 2 años de edad, y en 2017, cuando ella tenía cuatro, que la menor era víctima de maltrato y desatención de su mamá y su padrastro. Ese DIF no ha podido mostrar, en forma fehaciente, que haya atendido con prontitud y esmero las dos denuncias referidas.
Y, para terminar, el sistema de procuración y administración de justicia en México es tan deficiente que, a pesar de tanta presión mediática, tuvieron que transcurrir diez días desde la desaparición de la niña para que las autoridades competentes pudieran identificar plenamente a los presuntos asesinos y extender una orden de aprehensión en su contra.
La orden de captura fue otorgada por un juez pasadas las siete de la mañana de este viernes 21 de febrero cuando la menor estuvo desaparecida desde el martes 10 del mismo mes.
Las complicaciones
Es comprensible que las autoridades tienen que obedecer a una serie de procedimientos legales para poder llegar al punto de otorgar una orden de aprehensión contra el presunto responsable de un delito, pero la desaparición de la niña se conoció el mismo día 11 de febrero a nivel nacional. Fue noticia ampliamente difundida desde el primer momento de su desaparición.
Luego entonces, es fácil también deducir que todas las instituciones involucradas en ese tema andan mal. Todo el sistema de justicia está podrido. Urge recomponerlo.
La niña sufría maltrato psicológico y quizá hasta físico desde cuando tenía dos años de edad. De eso fue informado el DIF en su momento y no hizo nada para sacarla de ese contexto de violencia.
Visto de esa manera como está expuesto en el presente texto, los presuntos responsables de la muerte de Fátima vienen siendo todas las autoridades de esas instituciones: del DIF de la CDMX, de la escuela Enrique Rébsamen de Tulyehualco, Xochimilco y de la Fiscalía General de la CDMX por no haber atendido a tiempo la denuncia de su desaparición.
Las conclusiones deberían traer como consecuencia inmediata, establecer claramente protocolos de atención a niños en las escuelas, hacerlos cumplir en forma rigurosa y, en este como en otros casos, castigar legalmente a los responsables.
El aumento de pasaje
En una entrevista que sostuve el jueves reciente, con el secretario de Movilidad y Transporte de Chiapas, Aquiles Espinosa García, me confirmó que efectivamente hubo una serie de acuerdos con los concesionarios del transporte de pasaje urbano, sub urbano, así como con los dueños de volteos y grúas para establecer responsabilidades mutuas.
El gobierno les autorizó aumentar a ocho pesos el costo del pasaje de combis –que antes era de 7- y que los dueños de las unidades se comprometieron a modernizarlas en un tiempo perentorio.
En el futuro inmediato, los taxis van a traer taxímetro para que los usuarios paguen por un servicio justo de traslado. Los dueños de los camiones de volteo y de las grúas van a respetar un catálogo de costos por los servicios que prestan porque antes cobraban a como se les antojaba.
Está claro que ya era necesario hacer ajustes a las tarifas de transporte de pasaje porque los insumos han aumentado y las tarifas no.
Sin embargo, se trataba de un aumento justo y parece ser que no hubo mucha molestia de la gente porque no hubo protestas al respecto.
Ahora corresponde a los concesionarios poner su parte. Deben sacar de circulación todas aquellas unidades que tengan más de diez años de antigüedad y cambiarlas por otras más nuevas, deben colocar cámaras de seguridad en el interior de las unidades, instalar botones de pánico en sus terminales y colocar en sus unidades dispositivos GPS, geolocalizadores, tal y como se comprometieron ante el gobierno.
Y los dueños de taxis deberían ya empezar a colocar sus taxímetros para que inicie un mecanismo de cobro más justo que el que se tiene hasta ahora, cuya tarifa es dependiendo el ánimo y honestidad del conductor.
alexmoguels@hotmail.com