El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció esta semana una nueva orden ejecutiva para mejorar los controles a la venta y distribución de armas en el país. El anuncio fue en la comunidad de Monterey Park, California, donde 11 personas murieron y otras 9 fueron heridas en un tiroteo en enero pasado.
Por ser un tema polémico, Biden intenta con una medida que no involucre reformas legales, tarea que toca al Legislativo, requerir antecedentes penales a quienes compren armas. Asimismo, trata de allanar el camino para que más leyes “red flag” -que previenen que las pistolas caigan en personas con historial de desequilibrio emocional o violencia- sean aplicadas.
Es decir, no se propone prohibir la compra o posesión sino aplicar requisitos lógicos para que un comprador compruebe su competencia y estabilidad. Esta postura con sentido común es un tema que convulsiona los ánimos de un sector de la sociedad estadounidense.
No obstante, la democracia no ha servido a esta sociedad cuando se viene a este tema. En años recientes, los americanos en una clara mayoría, 57%, favorecen que se establezcan reglas más estrictas, estos números están determinados por un 45% de independientes, y 91% de demócratas que simpatizan con la idea, por solo el 24% de republicanos.
Si bien las posiciones sobre el control de armas están influenciadas por factores como la inclinación política y las regiones donde viven los estadounidenses, el hecho es que es posible construir una coalición que presione a través del voto por mejores regulaciones.
Me parece un fracaso que la administración recurra a órdenes ejecutivas cuando estas medidas pueden ser fácilmente objetadas y llevadas a los tribunales por los defensores de las pistolas. Una vez en la Corte, estas propuestas son suspendidas y si son declaradas inconstitucionales nunca se aplicarán. Comprendo que la acción de Biden obedece a la urgencia de evitar perder más vidas, pero es una ruta equivocada.
Las organizaciones a favor de las armas son activas cabilderas para que nada cambie. En años recientes, el gasto en campañas para defender sus intereses (33 millones en 2020, por poner un ejemplo) superaron a los simpatizantes de establecer controles (22 millones). En esta perspectiva se podría pensar que la pelea está perdida.
No obstante, en la elección presidencial de 2020, el candidato presidencial y los candidatos al congreso que simpatizan con regular el acceso a las armas gastaron 9 mil millones de dólares en sus campañas. Este océano de dinero destinado a gastos demócratas bien pudo servir para posicionar estratégicamente el tema que hoy nos aborda. En esta perspectiva, el dinero ejercido en un año electoral hace ver la inversión de la Asociación Nacional del Rifle como el cambio para comprar dulces. A pesar de que coincido con establecer cómo y quiénes pueden ponerle la mano encima a un arma, es también vital hacerlo de una forma que funcione y dé resultados.
Los tiroteos donde han muerto más de cuatro personas en este país en años recientes han dejado el siguiente número de víctimas: 610 en 2020, 690 en 2021, 647 en 2022, y 80 en lo que va de 2023. Esas cifras dejan en claro la necesidad de articular un mensaje unificado y claro al electorado de que la solución debe surgir del legislativo. Las órdenes ejecutivas en temas escabrosos generalmente son herramientas políticas para mostrar que “se hizo algo” aunque no resuelvan nada. Mientras que lo verdaderamente relevante es hacer cambios duraderos y estables que hagan de esta sociedad una que ofrece armonía y seguridad a sus habitantes.