Asesinos Sueltos
Nepotismo Gradual
La impunidad es tan grotesca en México que aún los peores criminales, provenientes de los más oscuros pasillos del poder, no son siquiera perseguidos ni molestados por los órganos encargados de hacer justicia y, en algunos casos, reciben la protección infalible de la suprema voluntad política que los acoge, con la vocal inicial señores correctores, casi con paternal cuidado del establishment; y no existen diferencias en cuanto a partidos y siglas: el sistema los necesita a todos.
No puede entenderse que un sujeto, entre priísta formado y perredista de conveniencia, Ángel Aguirre Rivero, uno de los feudales de Guerrero al lado del execrable Rubencito Figueroa Alcocer, igualmente defenestrado como consecuencia de otra matanza, la de Aguas Blancas, en donde genízaros policíacos acribillaron a dos decenas de campesinos desarmados, permanezca libre con todas las señales de la masacre de Iguala señalando hacia él, por obra y gracia de la protección y los arreglos del entonces presidente de la República, el señor peña, quien ya había perdido, además de su pobre autoridad moral, toda legitimidad política.
En 2017, el estado de Morelos fue el objetivo principal o el escándalo de mayor relieve por el quehacer de sus mandatarios. Primero, la que fuera alcaldesa de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, un día después de su asunción y luego de un pobre paso por el Legislativo, fue brutalmente acribillada y muerta. Todo indica que fue víctima de personal de seguridad en aparente retiro pero reutilizada para las tareas sucias; una credencial de un agente ministerial “despedido” descubierta en el automóvil de los homicidas es el hilo conductor de las pesquisas. Y, por ello, claro, el ex gobernador, Graco Ramírez Abreu, necesitaba desviar la atención y lo hizo a medias. Desde este punto, la costumbre de matar alcaldes se ha extendido.
Hace tres años, la estrategia de Graco fue señalar al futbolista al hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, tal es su apellido y no una expresión de júbilo por cada uno de sus goles o la “cuauhtemiña” una burla con el balón en los pies, como enclave de los radicales “Guerreros Unidos”, una antigua fracción de Nueva Generación, junto con Federico Figueroa, hermano del extinto cantante Joan Sebastián. La acusación es gravísima y el mandatario morelense debía saber que un funcionario, cualquiera que sea su nivel, tiene la obligación por ordenamiento constitucional de denunciar todo delito del que tenga conocimiento con la advertencia de que, de no hacerlo, deberá ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, mucho más el gobierno de la entidad.
Por desgracia, en nuestro país todo se queda en anécdota y no sale de esta condición; por ello, no sólo crece la impunidad sino, sobre todo, el espacio para las corruptelas mayores por la vía de los arreglos soterrados, debajo del agua y, por ende, de espaldas a una ciudadanía mil veces engañada y saqueada. Para colmo, ninguna sociedad asimila las afrentas con mayor velocidad que la nuestra y eso, claro, prodiga las acciones punibles del sector público. En Morelos, el estado de Derecho ha quedado hecho trizas por esta causa, sin legitimidad alguna para el actual gobernador.
La anécdota
Ver para creer. En Zacatecas se postuló como precandidato a la gubernatura hace tres años, nada menos, David Monreal Ávila, hermano de Ricardo, ex jefe delegacional de Cuauhtémoc en el Distrito Federal, ex gobernador de su entidad natal y actual senador de MORENA. Naturalmente, perdió.
Esto es, como los Moreira en la Coahuila caciquil aunque con un periodo de gracia intermedio para disfrazar el nepotismo que hizo de Fresnillo un feudo de los hermanos Monreal coludidos entre sí, desde diferentes partidos entonces, y mientras el crimen organizado elevaba a esta región al nivel de las más peligrosas del país. Malos originales, peores copias.
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