La negativa de la FGR a transparentar las denuncias que se hayan presentado contra el presidente de la república, así como las existentes en contra de los expresidentes —lo cual ha sido solicitado por el INAI—, nos plantea la necesidad de un debate jurídico respecto a estos temas, que fueron desarrollados inicialmente para proteger el derecho ciudadano a recibir información, consignado en el artículo sexto de nuestra Constitución.

Este requerimiento presentado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información ha sido ignorado por la FGR argumentando “riesgos al honor y buen nombre del presidente”, por lo cual ha clasificado estos expedientes como información confidencial.

Es necesario reconocer que el presidente —sea quien fuere—, no es un ciudadano más, es quien en la práctica detenta todo el poder del Estado Mexicano y todo lo que hace tiene consecuencias para el país y para los ciudadanos en lo particular. Por tanto, todo lo que compete a su persona es un “asunto de interés público», incluyendo su salud, por citar un ejemplo. Es necesario delimitar lo que significa el derecho a la libertad de expresión cuando quienes lo invocan ejercen poder desde lo más alto de las instituciones gubernamentales.

Es evidente que los derechos ciudadanos denominados “libertad de expresión”, “derecho a la información”, así como otros de alcance similar, surgieron —no para empoderar aún más a quien ya ejerce poder—, sino para proteger al ciudadano que está en posición vulnerable e inequitativa frente a quien ejerce poder y autoridad.

En nuestra realidad mexicana presentar a alguien como “traidor a la patria” desde la famosa “mañanera” le pone públicamente en estado de indefensión. Por otra parte, acusar de corrupción o prácticas inmorales a una empresa sin tener pruebas contundentes avaladas por un juez, tiene para ella un alto impacto negativo en el mercado, e incluso, en el valor bursátil de sus acciones en el mercado de valores, pues los posibles inversionistas las deprecian.

El derecho a la información y a la libertad de expresión son temas que deben ser evaluados desde la perspectiva del impacto que pueden tener dependiendo de quien ejerce ese derecho, pues ejercido desde el poder político puede violentar derechos humanos de ciudadanos e instituciones que están en estado de vulnerabilidad e indefensión frente al poder absoluto que hoy se ejerce desde la presidencia de la república, estimulado este por el aplauso ciudadano.

Hoy que se gobierna midiendo el ánimo colectivo —pretendiendo dar gusto al pueblo—, el poder de la palabra se magnifica a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por tanto, la palabra que sale desde la “mañanera” se convierte en un misil teledirigido de alto poder destructivo para el destinatario final.

Por tanto, es necesario reinterpretar el alcance del derecho a la libertad de expresión, —así como el derecho a la información—, desde el parámetro de este nuevo contexto social y político que hoy vivimos, a fin de delimitar sus alcances en busca de equilibrios, para que el poder de la palabra —así como de la información— se conviertan en una herramienta para generar consensos que enriquezcan a la sociedad y no terminen siendo un arma que estimule la confrontación. ¿A usted que le parece?