Germán Larrea, criminal ambiental impune
Junto con su empresa Grupo Minero México, Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, después de Carlos Slim Helú, es señalado por grupos ecologistas del país, como un criminal ambiental por más de dos décadas, durante las cuales se ha mantenido como ejemplo de la impunidad empresarial en el país, protegido por el poder cupular gobernante con el que se mantiene en contubernio.
Sí, es el mismo a quien durante su sexenio (1988-1994), Carlos Salinas de Gortari, autorizara la venta de la empresa paraestatal que administraba la explotación de la mina de Cananea, ubicada en el estado de Sonora, al que el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció en 2018, durante su campaña proselitista en Poza Rica, Veracruz, que por consigna del todopoderoso de Los Pinos, se remató en un precio cinco veces menor de su valor real de dos mil millones de dólares.
López Obrador definiría entonces a Larrea Mora Velasco: “Ha sido de los empresarios predilectos de todo el período neoliberal. Un empresario y también un buen traficante de influencias. A él le ha ido muy bien. Antes de Salinas no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo.
“Germán Larrea empieza a salir a partir de que Salinas de Gortari le entregó la mina histórica de Cananea, en Sonora. Valía dos mil millones y se la vendió en 400 millones de dólares”.
Después de Carlos Slim Helú, el ahora todopoderoso de la industria minera de México, seguido por Ricardo Benjamín Salinas Pliego –se ubica entre los ocho más ricos del país-, considerados como la tercia de empresarios más favorecidos por Carlos Salinas de Gortari, el dueño del monopolio del cobre en México, no se preocupa en lo más mínimo que sus empresas contaminen sin castigos ejemplares mares y ríos.
Por enésima vez, Grupo México y Germán Larrea Mora Velasco, con un largo historial de accidentes graves y por lo mismo altamente lesivos al medio ambiente, agregarían este martes 9 de julio, en la terminal portuaria de Guaymas, Sonora, un derrame de más de tres mil litros de ácido sulfúrico, de un buque de su propiedad, atracado en el muelle de la Corporación, en territorio del Mar de Cortés.
Una semana después del atentado ecológico derivado de la irresponsabilidad en el manejo de substancias de alto riesgo, tanto empresa como autoridades federales (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente), el hermetismo vuelve a establecerse, como hace cinco años, cuando la misma Corporación de sus instalaciones en Cananea, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre las aguas de los ríos Bacanuchi y Sonora.
Esta vez, la reincidencia impune tanto de la empresa como del magnate Larrea Mota Velasco, por en grave peligro el extraordinario ecosistema del Mar de Cortés, habitado por especies en peligro de extinción como la codiciada Vaquita Marina.
Complicidades al más alto nivel del gobierno federal de ayer y ahora, en defensa del imperio del empresario de 76 años, nacido en la ciudad de México, favorecido y cobijado por Carlos Salinas de Gortari y sucesores, que le convierten en accionista mayoritario de Grupo México, uno de los principales productores de cobre líderes en el ámbito internacional.
Toda una catástrofe medioambiental denunciada de inmediato por organismos extranjeros y nacionales no gubernamentales, que exigen un alto a los abusos de poder en perjuicio de la ecología y salud de los mexicanos, que entre otras arbitrariedades está la de ser responsable de la muerte de 65 mineros el 19 de febrero de 2006, en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila.
Transcurrir de 13 años cinco meses y cuatro Presidentes, sin que hasta ahora las familias de las víctimas puedan dar cristiana sepultura a sus esposos, padres y abuelos, porque no tienen cuerpos que enterrar en una fosa digna, al permanecer sepultados, después de la explosión en la Mina 8, propiedad de Grupo México.
De nada ha servido la movilización de los deudos en las diversas instancias nacionales, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos, para exigir justicia y aplicación de la ley a Larrea Mota Velasco.
Pasta de Conchos se ubica en la Región Carbonífera integrada por los municipios de Múzquiz y San Juan Sabinas, en las que se localizan las ciudades de Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en el norte de la república, en la frontera con Estados Unidos, donde aconteció la tragedia debido a las malas condiciones de seguridad de sus trabajadores, los salarios bajos, la pobreza en la que viven los mineros del carbón y la indolencia del Estado y los empresarios en permanente contubernio.
El entonces gobernador Humberto Moreira Valdéz, en complicidad con la empresa, aceleró el pago de las pensiones a las viudas, antes de cumplirse un año del siniestro. El mandatario ordenaría la entrega de actas de defunción, en las que se establecía, aún sin ningún dictamen forense, que la causa de la muerte de cada uno de los mineros, fue por “politraumatizado súbito”.
El pago de la indemnización y pensión a las viudas, se haría en base al salario de entre 80 y 93 pesos diarios, con lo cual la erogación por parte de Grupo México y su dueño Larrea Mota Velasco, resultaría por demás insultante.
Después de más de 13 años, el magnate y su Corporación, no han sido sancionados por el Estado Mexicano, por ser responsables de la muerte de 65 modestos jefes de familia que laboraban en condiciones insalubres y de alto riesgo, en la Mina 8, por lo que el caso permanece impune, en el que mucho de culpa tuvieron funcionarios federales que encubrieron las fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro.
La misma indolencia demostrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta abril de 2018, admitiría la queja presentada por la Organización Familia Pasta de Conchos, ocho años atrás, el 19 de febrero de 2010, en contra del Estado Mexicano, “por su responsabilidad en la violación al derecho de vida de 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas”.
Pasado un año tres meses, la alegría se ha desvanecido, ante la indiferencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual se mantiene latente en la actual Administración de la 4ª Transformación.
En el turno, ya como gobernante, Andrés Manuel López Obrador, quien en sus múltiples mítines de campaña demandaría a sus antecesores Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el retiro de las concesiones de las minas en su poder, a Germán Larrea Mota Velasco, a quien ha acusado de “formar parte de la Mafia del Poder”, ubicado en 2018 por Forbes, en la posición número 72 de los hombres de mayor riqueza en el mundo, con una fortuna de 17 mil 300 millones de dólares.
En medio de su habitual prepotencia y arbitrariedad, el “Rey del Cobre”, como también se conoce a este magnate propietario de la tercera empresa más importante productora de este metal en el mundo, se atrevería en los días de campaña Presidencial de 2018, a publicar un desplegado dirigido a sus trabajadores para que no votaran por el ungido del Partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena), por representar al populismo que significaría retroceso para México.
Hoy Andrés Manuel López Obrador es el Presidente de México y Germán Larrea Mota Velasco es el magnate hasta ahora omnipotente y por lo mismo intocable por los intereses que representa para los últimos tres ex mandatarios de la Federación que le han brindado todo tipo de apoyos políticos y fiscales, siempre al margen de la ley.
El actual gobierno tiene muchos pendientes que resolver, como parte de las grandes deudas con la sociedad heredadas por sus antecesores. Una de ellas es la de su “enemigo invisible”, que sigue enriqueciéndose al pagar impuestos que no van más allá del dos por ciento por concepto de los miles de millones de dólares que le reportan como ganancias sus empresas mineras y otras como Ferrocarriles Mexicanos.
La Mina Buenavista de Grupo México, considerada como de “Clase Mundial”, por ser una de las más grandes del mundo, en el norte del país, no únicamente al afluente y su fauna arruinó la vida de decenas de miles de habitantes de las zonas de influencia de los ríos Bacanuchi y Sonora, al arrojar a sus aguas 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, cuyos graves efectos en la salud de la población se siguen manifestando, sin que a la fecha se hayan concluido los estudios de impacto ambiental como de daños en el ser humano.
El abandono y olvido, como siempre ocurre por parte de la autoridad y la impunidad de Grupo México, que continúa con sus criminales actividades fuera de control, que derivaron el 6 de agosto de 2014 en el mayor desastre natural en la historia de México, sin que, como en pasta de Conchos, el Gobierno Federal haya investigado a fondo y actuado en consecuencia para castigar la reiterada conducta negligente del empresario Larrea.
Lo más, ha sido la sanción ínfima impuesta en marzo de 2015 por la PROFEPA, por 23.5 millones de pesos, en base a la detección de 55 irregularidades y al quebranto de tres leyes mexicanas para la protección del medio ambiente.
Por recomendación de la Administración de Enrique Peña Nieto, el Consorcio crearía un fideicomiso para reparar el daño de los más de 22 mil afectados. Sin embargo, la mayoría de los compromisos de incumplirían, entre ellos la instalación de 28 plantas potabilizadoras de agua, de las cuales sólo una se concretó.
Lista interminable del abandono de los otrora productores agrícolas, hoy sumidos en la miseria por la afectación de su patrimonio, al ser contaminados con ácido sulfúrico y otros tóxicos aún no definidos por las autoridades federales.
Mucho que hacer en el camino de Andrés Manuel López Obrador,
para anteponer en el sexenio que camina, el interés de una gran mayoría de mexicanos empobrecidos y hartos de la corrupción e impunidad que siguen caracterizando a México.
Germán Larrea Mota Velasco, es un buen ejemplo y objetivo, si se da la voluntad política, en la lucha anticorrupción que tanto se pregona.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad