Frontera Sur: Contrabando y venta de ciudadanías
Al mediodía del jueves 11 de julio, a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, se le hizo fácil treparse en una de las balsas improvisadas que se utilizan los migrantes extranjeros para cruzar las 24 horas el cauce del río Suchiate, e internarse a territorio mexicano y hacer el viaje a la inversa, sin importar violar las leyes de Guatemala.
No resistió la tentación del tour turístico, como lo han hecho desde siempre diputados federales, locales y senadores, relacionados con el tema migratorio. El obeso funcionario de estómago pronunciado, vestía ropa casual, no así la delegada del INM en la entidad, Carmen Yadira de los Santos Robledo, quien portaba el uniforme oficial con los aditamentos que la acreditaban, así como otros cuatro elementos más con insignias.
Cual niño con capricho cumplido, el representante de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, permanecería por lo menos 10 minutos en suelo guatemalteco, para su fortuna pasando desapercibido, ya que de haber pretendido recorrer Tecún Umán a bordo de un triciclo, como era su intención inicial, hubiese sido descubierto por la Policía Nacional Civil, y corrido el riesgo de ser detenido, provocando un conflicto binacional, por violación al marco jurídico chapín.
Satisfecha su curiosidad y morbo, Garduño Yáñez y su comitiva, retornaría al lado poniente del afluente internacional, donde ya lo esperaba, preocupado, el responsable de la Guardia Nacional en Ciudad Hidalgo, quien le subrayaría su irresponsabilidad, por el riesgo corrido al no informar de su desplazamiento.
Ahí constataría que la presencia de los efectivos militares –soldados del Ejército y marinos de la Armada-, mantienen presencia significativa e inhibitoria, aunque no determinante para frenar el flujo migrante, que como hormigas se internan en territorio chiapaneco-mexicano, disfrazados de comercializadores de productos agrícolas de las vecinas ciudades guatemaltecas, en abundantes cantidades que les permiten abastecer los mercados de los municipios de Suchiate, Unión Juárez, Cacahoatán, Metapa, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico y Tapachula, de donde se surten otros centros de consumo.
Como ha ocurrido con sus antecesores en el cargo o los legisladores federales y estatales, además de otros funcionarios federales, el recientemente designado responsable del control de las “caravanas del hambre” provenientes de Centroamérica, miraba sorprendió el volumen exagerado de mercancías de fabricación mexicanas, que son pasadas de contrabando por los balseros al lado de Guatemala.
Acumulación de miles de millones de pesos anuales, que desde siempre no pagan impuestos y se trafican abiertamente por el llamado “Paso del Coyote”, ubicado a unos 300 metros de las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, sin que ninguno de los agentes aduanales cumpla con su encomienda del cobro de los impuestos correspondientes.
Un espacio de impunidad y corrupción total por parte de las autoridades federales, que se conoce como “Zona Libre sin Ley”, dado el contubernio prevaleciente, en el que tanto la actual alcaldesa del Partido Verde Ecologista de México, Sonia Eloína Hernández Aguilar y su antecesora del mismo PVEM, Matilde Gómez “La Loba”, están involucradas desde muchos años atrás en estos ilícitos, al tener bodegas a la orilla del río.
Ciudad Hidalgo, “la Tijuanita” chiapaneca, todo un pueblo sin ley, donde la delincuencia organizada actúa sin ningún tipo de limitación, en contubernio con las Policías de los niveles municipal, estatal y federal, es lo mismo cruce diario de centenas de trailers con mercancías provenientes del centro del país, que pagan sus derechos fiscales de exportación a países centroamericanos, que de arribo de vehículos similares que descargan mercancías en bodegas establecidas a lo largo de la ribera poniente del afluente internacional.
Preocupación evidenciada de la edil actual, por la llegada de los contingentes de la Guardia Nacional, por la posible afectación de sus negocios ilegales, que le llevan a declarar que los habitantes de su jurisdicción están contentos por la seguridad que brindan y por contener a los migrantes, pero que también están preocupados por los militares, los comerciantes y transportistas, “porque no queremos que cierren los comercios, porque son la única fuente de obtener dinero”.
Conferencia de prensa el 17 de junio pasado, en la que informa que hay aflicción por la afectación al comercio de la zona, con la presencia de soldados y marinos, lo cual le han manifestado líderes tricicleros, balseros, comerciantes, agricultores y transportistas, que han visto entorpecidas sus actividades.
Es la ciudad clave en la Frontera Sur chiapaneca con Guatemala, donde han sido y son comunes el narcomenudeo, la prostitución de menores, el alcoholismo y la venta de actas de nacimiento y de credenciales del ahora Instituto Nacional Electoral.
Comercialización de los documentos de acreditación de la nacionalidad mexicana, a precios en dólares, a extranjeros migrantes no únicamente centroamericanos, sino de diversos países del mundo, en los que han mantenido actividad sobresaliente los Registros Civiles de Suchiate, Cacahoatán, Metapa, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico y Unión Juárez.
Un negocio ilícito que adquiriría tintes escandalosos en los tiempos recientes con la entonces alcaldesa del Verde Ecologista, Matilde Espinosa Toledo “La Loba”, amparada en su compadrazgo con el gobernador Manuel Velasco Coello, que le llevaría a vender actas de nacimiento mexicanas a miles de extranjeros, sea para asentarse en la entidad o para no ser molestados en ruta por el territorio nacional, hacia la Unión Americana.
Se convertiría tan escandalosa y cínica su actividad delictiva, que en abril de 2017 sería detenida, siendo presidente municipal, por agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República.
Los investigadores de la PGR comprobarían que la alcaldesa expidió de manera ilícita, aprovechando que su esposo, Saúl Alvarez López, era director del Registro Civil Municipal, por lo que a las nueve de la mañana del 7 de abril, el Juzgado I de Distrito de Tapachula, ordenaría el auto de formal prisión contra “La Loba”.
El sustento legal para su privación de la libertad, establecía que la inculpada “deberá responder por su probable responsabilidad en la comisión del delito electoral federal en su modalidad de expedición ilícita de credenciales para votar con fotografía, previsto en el Artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
“A la inculpada se le atribuye que, en su calidad de dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue testigo y ayudó a tramitar actas de nacimiento mexicanas a personas de nacionalidad guatemalteca y, en otros casos, venderlas, valiéndose de que su esposo era oficial del Registro Civil del citado municipio”.
La FEPADE precisaría que Matilde Espinosa Toledo, “llevaba a las personas a tramitar, de forma ilícita, su credencial de elector en los módulos móviles del Instituto Nacional Electoral (INE) establecidos en diversas localidades del Suchiate. Durante el proceso de investigación, el INE informó de mil 537 actas de nacimiento firmadas por el juez del Registro Civil, la mayoría expedida de forma extemporánea y a partir de esa documental y las constancias de residencia del secretario del ayuntamiento, también familiar de la presidenta municipal, se expedían credenciales de elector”.
Se obtendrían información perteneciente al Registro Federal de Electores, con el fin de saber el cargo de los funcionarios que intervinieron en la expedición y trámite de credenciales para votar.
Ocurriría entonces lo absurdo, cuando por la tarde noche del mismo día de su aseguramiento, la comadre del entonces gobernador Manuel Velasco Coello, obtendría un amparo federal en contra de actos de la PGR, lo que le permitió salir en libertad e incorporarse inmediatamente en su cargo como alcaldesa de Suchiate.
Y en plena demostración de cinismo e impunidad, “La Loba”, anunciaría que presentaría una demanda penal en contra del titular de la FEPADE, Santiago Nieto (actual jefe de la Oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda Federal), por haber violado sus derechos constitucionales y hacerla víctima de persecución política.
Un jugoso negocio de familia con antecedentes de intocabilidad, gracias al compadre gobernador que por aquellos días había afirmado que “pintaría de verde a Chiapas”, refiriéndose a su intención del carro completo para su partido el PVEM, en las elecciones de 2015.
Su cónyuge Saúl Alvarez López incurriría en delitos electorales, por los que se abriría en su contra la Averiguación Previa AP974/FEPADE/2015, por alteración al Registro Federal de Electores. Fue acusado por la autoridad federal, de vender mil 535 actas de nacimiento a inmigrantes guatemaltecos, para acceder a la ciudadanía mexicana y pudieran obtener una credencial para votar y con ello empadronarse, con la consigna de sufragar por los candidatos del PVEM.
Cumulo de pruebas, entre ellas la agregada por el delito de extorsión, al establecer retenes carreteros para cobrar cuotas a conductores de trailers, y poder entrar a Ciudad Hidalgo con sus mercancías con destino a América Central y a la Zona de Contrabando, “El Lobo”, como también se conoce a la pareja de Matilde Espinosa, nunca fue detenido, que finalmente lo pondrían tras las rejas, y en cuestión de horas estaría fuera protegido por amparo federal.
Impunidad total. Hoy, en los días del combate frontal a la corrupción desde la torre de marfil de la 4ª Transformación en Palacio Nacional, la pareja de “Lobos”, continúan con sus tradicionales actividades, alardeando que están protegidos por su compadre desde el
Senado de la República, bajo el manto del Partido Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), por lo que ninguna autoridad federal se atreva a someterlos a la ley, lo mismo que a la alcaldesa en funciones Eloína Hernández Aguilar.
El número de migrantes que antes pasaban libremente por el paso de “El Coyote”, donde los soldados se mantenían como figuras decorativas, ha disminuido significativamente en la actualidad, al arribar contingentes de la Guardia Nacional, que hacen labor de contención.
Aún así, este cerco se burla con facilidad, al optar los traficantes de personas, por accesos menos vigilados río arriba, hacia la garita de Talismán, además de la zona de montaña en las rutas a Motozintla y Amatenango de la Frontera y Mazapa, así como en las inmediaciones de Ciudad Cuauhtémoc o por la Selva Lacandona.
Prueba de ello, es la continuación de intercepción en diversas ciudades chiapanecas y otras de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y demás entidades, de trailers y demás transportes de carga, que ocultos desplazan ilegalmente a los migrantes.
Un flujo humano multinacional imposible de frenar tanto en territorio mexicano como en la Unión Americana, la potencia que debe su poderío mundial a las inmigraciones de todos los tiempos, en las que se incluye a la familia del racista presidente Donald Trump.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y de Comunicadores por la Unidad A.C.