Cuando el abuso policíaco rebasa el orden jurídico
Chiapas es nuevamente foco de interés mundial, al registrarse en las últimas tres semanas, acciones represivas gubernamentales en sus dos ciudades más importantes, que han dado la vuelta al mundo, dañando la imagen de la entidad como destino turístico importante de México.
Una situación que evidencia la inexistencia de funcionarios capaces de dialogar –operadores políticos-, con los segmentos inconformes de la población, y que por lo mismo los problemas se agravan, al no recibir los interesados la atención y seguimiento a sus planteamientos de cumplimiento en la mayoría de los casos, de promesas oficiales.
Primero fue Tapachula, el pasado 27 de enero, cuando agentes antimotines de la policía municipal apoyados por elementos de la Guardia Nacional, armados con metralletas, reprimieron una manifestación de unos mil indígenas de la etnia Mam, que habitan la parte norte del municipio, en las laderas del volcán Tacaná, que bajaron a la planicie para protestar por el incumplimiento de realización de obras de interés común.
Ancestralmente marginados por los tres niveles de gobierno –municipal, estatal y federal-, los habitantes de las comunidades de Pavencul, Chespal y Toquian, así como de otras que en su conjunto suman poco más de 20 mil habitantes, se plantaron en la explanada frente al edificio del Ayuntamiento, para reclamar a gritos y con pancartas, el abandono de que son objeto por parte de las autoridades.
Se tenía conocimiento de que el interior del inmueble gubernamental, se realizaba un diálogo con el propósito de llegar a acuerdos, para corregir las fallas administrativas y presupuestales, y encontrar las respuestas adecuadas a las demandas de los indígenas, con el inconveniente de la demasiada prolongación del tiempo de espera, que empezaría a ser aprovechado por activistas que provocarían el enojo de los hombres y mujeres Mam.
Las exigencias serían muy concretas, en cuanto al urgente desbloqueo de la estrecha carretera de la montaña que comunica a Tapachula, ocasionado por deslaves de la última temporada de lluvias; llevar a cabo las obras de agua potable pendientes; ampliar el sistema de drenaje, alumbrado público, mejoría de la atención médica y medicamentos del centro de salud y brindar seguridad para frenar la violencia que se traduce en violaciones sexuales a jóvenes mujeres, además de asaltos y robos en caminos y casas habitación.
Como parte de una estrategia de inhibición, permanecía un contingente armado de la Guardia Nacional, que luego ingresaría a la planta baja del Palacio Municipal, cuando un grupo de indígenas azuzados, optaría por aproximarse sumamente molestos, a la entrada principal.
Sería entonces cuando diera comienzo la represión, al meter por la fuerza a más de cuarenta de ellos, utilizando para someterlos macanas, mientras que los soldados de la Guardia Nacional aprisionaban sus armas de alto poder en respaldo de los policías locales, que abusando de la violencia arrastraban o empujaban a los inconformes hasta el sótano, donde los obligarían a acostarse sobre el piso, para patearlos y golpearlos con palos y a puñetazos.
Humillación y violación absoluta a los derechos humanos de los manifestantes, que quedarían grabadas en el video que uno de los agentes tomaría para certificar con imágenes la violencia policíaca y tortura psicológica, que se filtrarían a las redes sociales, y trascenderían en el ámbito de la sociedad tapachulteca, sino del estado, del país y el mundo.
En medio del desbordado abuso de la fuerza, los agentes agredieron a Julio Navarro, corresponsal del periódico Milenio de la ciudad de México, así como a otros reporteros locales, además de Cinthya Alvarado Enriquez, reportera-articulista del diario Contrapoder de Tuxtla Gutiérrez, quien es también activista del Partido Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), a la que incluso esposaron como si fuese una delincuente.
Dentro de la gravedad de la conducta desquiciada de los policías antimotines de la municipalidad, estarían las amenazas y palabras racistas hacia los indígenas mam, a los que no bajarían de mentadas de madre y de advertencias de que si volvían a protestar, les iba a ir de por medio la vida, pues su vida carecía de valor por ser “indios patarrajadas”.
Un acontecimiento inédito en los tiempos recientes en la vida de la segunda ciudad más importante de Chiapas, visitada frecuentemente al año, por decenas de miles de turistas de múltiples nacionalidades, que viajan a bordo de gigantescos cruceros trasatlánticos provenientes de las ciudades estadounidenses de Miami, Florida y San Diego, California, que para su buena fortuna no coincidieron con el escenario de la brutal represión.
Comparable solamente comparable, aunque ésta en menor escala, a la violencia extrema aplicada a finales de julio de 1980, por soldados del Ejército Mexicano, contra militantes del entonces Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), que habían tomado las instalaciones del antiguo Palacio Municipal, para protestar por lo que consideraban fraude electoral en contra de su candidato a alcalde, el ahora notario público y ex procurador general de Justicia, Luciano Filemón Rosales Tirado.
Hace casi 40 años, el ungido del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal, Antonio Cueto Citalán y su compadre el entonces gobernador Juan Sabines Gutiérrez, orquestarían un desalojo que personalmente coordinaría el jefe de la Región Militar, general José Hernández Toledo, el mismo que comandó al “Batallón Olimpia” que encabezaría la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en el Distrito Federal.
Sería por la madrugada cuando el ahora columnista, enviado del periódico EXCELSIOR de la capital del país, sería testigo, junto con el fotógrafo Francisco León, de cómo los militares sacaron arrastrando a hombres y mujeres del interior del inmueble, golpeándolos sin misericordia alguna, previo a disparos contra los parmistas, al entrar al edificio, después de derribar la pesada puerta de madera.
Una vez que nos identificamos como reporteros de EXCELSIOR, uno de los oficiales, diría: “Ah, ustedes con los periodistas que se quejaron de mi coronel con el general, pues a romperles su madre”. El columnista sería el blanco principal, al ser agredido con macanas y en la cara, causando un derrame en el ojo derecho que me obliga a usar lentes, y lesiones que 40 años después me han hecho perder el 60 por ciento de escucha, del oído del mismo lado.
Y todo, por haber denunciado al general Hernández Toledo, que dos soldados me habían colocado en el pecho las bayonetas de sus ametralladoras, cuando nos acercamos a la entrada del inmueble, no obstante haber mostrado las credenciales, que nos acreditaban como periodistas de la capital de la república.
La violencia extrema de las autoridades policíacas y militares contra la población civil, no es nueva en Chiapas, pues habrá que recordar las acciones genocidas del Ejército Mexicano en contra de indígenas de la comunidad de Golonchán, en días del gobierno interino de Juan Sabines Gutiérrez. Ocurriría con los gobernadores como Pablo Salazar, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.
Ello ha quedado demostrado de nuevo, el domingo 16 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, cuando policías estatales uniformados, reprimieron violentamente con gases lacrimógenos y a macanazos, a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Mactumatza, en los momentos en que realizaban un bloqueo en el crucero del Libramiento Norte y Boulevard Vicente Fox, acompañados del grupo de padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, que habían arribado por la mañana a la capital estatal.
Exagerado uso de la fuerza policíaca, que tendría como resultado, lesiones provocadas al joven de 20 años, José Antonio Flores, que desde el mismo día de la agresión, después de ser operado del cráneo, se mantiene en el área de terapia intensiva, en el Sanatorio Rojas, con un diagnóstico médico de grave, junto con Javier López Bernal y Alex Alvarez, con heridas y golpes que obliga su hospitalización, así como dos policías que requirieron atención médica, como resultado de la respuesta que dieron los estudiantes que se oponían al desalojo que afectaba el tránsito vehicular.
De lo que no existe la menor duda, es de que los agentes de la ley, se extralimitaron contra los estudiantes normalistas. Tan es así, que ese mismo día, la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, manifestaría desde la ciudad de México, su “respaldo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa”.
Malestar de la ex ministra de la Suprema Corte, al afirmar que “lo sucedido hoy en Chiapas, demanda una investigación exhaustiva. Desde la SEGOB, exigimos al gobierno de Chiapas que tome todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y castigar a los responsables”.
Ese mismo día, vendría el posicionamiento del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en relación a la brutalidad ejercida por los agentes policíacos chiapanecos:
“Condeno la agresión de la que fue objeto la caravana de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Solicito al gobierno del estado la atención inmediata de personas lesionadas y la investigación de estos lamentables hechos. Exijo al gobierno de Chiapas, la atención inmediata y especializada a los jóvenes agredidos por la policía estatal, José Antonio Flores, Javier López Bernal y Alex Alvarez. Urge la investigación y castigo a los responsables de dar la orden de reprimir a la caravana de Ayotzinapa”.
El lunes 17 de febrero, durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, externaría su condena
por lo sucedido en Chiapas el día anterior.
Lo calificaría como “más que un abuso de autoridad, que debe ser investigado y castigado”.
Ese mismo domingo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ordenaría a la Fiscalía General del Estado, una investigación a fondo del abuso cometido por los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con saldo desfavorable para los alumnos de Mactumatzá y del grupo de padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Preocupación del mandatario estatal, abogado, con Maestría y Doctorado en Derecho, quien hasta ahora ha demostrado ser respetuoso de la ley y su aplicación correcta hacia quienes la transgredan, como ha ocurrido con invasores de propiedad agrícola en la entidad, que han sido desalojados pacíficamente, restableciendo así el Estado de Derecho en Chiapas.
Sabe que en este caso específico, los resultados deberán darse a conocer esta misma semana, dada la instrucción del Presidente López Obrador y de la secretaría de Gobernación Sánchez Cordero.
La pregunta en el aire: ¿Quién ordenó el exceso de violencia por parte de los agentes policíacos? ¿Fue el secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos o la titular de la SSPC, Gabriela Zepeda Soto? ¿Realmente había necesidad del abuso de autoridad?
Lo mismo se puede decir de Tapachula, donde queda la duda si la responsabilidad del atentado y humillación a los indígenas Mam, fue del alcalde Oscar Gurrría Penagos o de su jefe de la Policía, Pedro Enoc García Palazuelos?
Ni uno ni otro evento represivo, deberán quedar impunes, por el bien de todos. El imperio de la ley debe prevalecer, pero anteponiendo el diálogo y sobre todo con el cumplimiento de promesas.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013, Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.