Desesperados
Al tomar posesión como jefe del Ejecutivo Federal, el 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, juraría:
“Honorable Congreso, Pueblo de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.
Hoy, dos años con cuatro meses y 19 días de haber asumido el cargo, “el hombre venido de Tabasco”, se encuentra en el centro de los señalamientos de especialistas en Derecho Constitucional y diversas organizaciones de abogados, que exigen respete la Carta Magna, al considerar violatoria del Estado de Derecho, su iniciativa de ampliar dos años el período de permanencia tanto del titular del Poder Judicial Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y los seis integrantes del Consejo de la Judicatura.
Propuesta del Primer Mandatario, en principio aprobada el pasado 15 de abril por la Cámara de Senadores, yendo en contra del artículo 97 de la Ley Suprema de México, que establece que “cada cuatro años el pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto en período inmediato superior”.
Y no sólo eso, subraya la prohibición de extender o prorrogar su mandato al frente del máximo Tribunal del país, aplicable a los consejeros de la judicatura, olvidando el Jefe de la Nación, que únicamente pueden permanecer en la encomienda cinco años, sin posibilidad alguna de ampliación, como lo ordena el artículo 100.
Visto bueno de los senadores del partido oficial, que a la vieja usanza de siempre, se apoyarían en el “madruguete”, para poder contar con una mayoría mínima, al incorporar de última hora al dictamen legislativo, la reforma al artículo transitorio, para enviarlo a la Cámara de Diputados, este martes 20 de abril, donde se tiene la certeza que se cerrará el círculo de la aprobación.
Aún así, la tormenta está desatada en contra del ordenamiento de Andrés Manuel López Obrador, al desencadenarse como denominador común entre los expertos en la materia, la advertencia de que se trata de un flagrante atropello a la Constitución de todos los mexicanos, cuyas consecuencias podrían sentar precedente para la autonomía de independencia del poder Judicial de la Federación y sentar las bases estratégicas para cumplir su intención de crear el esquema jurídico que haga posible su reelección, al acumular en él los tres Poderes de la República.
Un aval inconstitucional del Senado al Presidente, que no deja duda de su ilegalidad cuando respalda el argumento de que con la entrada en vigor de la “Reforma al Poder Judicial, la persona que ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en el encargo hasta el 30 de noviembre de 2024?.
De esta forma el titular del Poder Ejecutivo mantendría bajo su tutela y consigna, más no como Poderes autónomos como lo ordena la Carta Magna, a los Poderes Legislativo, con los morenistas mayoriteando, y Judicial, con un presidente y consejeros muy agradecidos, y por lo mismo incondicionales a sus designios, al ser beneficiados con un par de años más, pasando por encima del marco jurídico vigente, con salarios que llegan hasta más de medio millón de pesos mensuales, al agregarse compensaciones, viáticos, seguros de gastos médicos mayores, choferes y autos de lujo, entre otros.
Demasiada prisa del Presidente de la República, por alcanzar las metas de su proyecto personal de gobierno, caracterizado por tintes que van más allá de lo egocentrista para llegar a lo autoritario, dan qué pensar en la posibilidad hasta de modificar la Constitución, con la complicidad legislativa y judicial, para hacer viable su reelección en el 2024. Demasiados errores antes de concluir la mitad del sexenio 2018-2024, con la diferencia de que el actual ha ido más allá de la prudencia y el sentido común, al pretender someter a su capricho la Carta Magna que juró respetar y hacer respetar, de tal forma que esta vez no ha medido las repercusiones dentro y fuera del territorio nacional, donde ya se le ubica como un gobernante arbitrario.
Reacciones adversas que incluyen a la reconocida organización internacional Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), que acusa al mandatario mexicano de amenazar la independencia judicial en México.
José Miguel Vivanco, vocero para las Américas de la HRW, amplio conocedor de la realidad mexicana, asegura que al extender el período de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, López Obrador, quien tiene mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, se asegura una mayoría del total de siete miembros del Consejo de la Judicatura, con el consejero presidente, al sumar el elegido por el Presidente de la República, dos por el Senado de mayoría oficialista y tres por la Corte Suprema.
Explicaría con mayor detalle la preocupación y urgencia del Primer Mandatario mexicano de cometer lo que calificaría de asalto a la justicia: “Porque con cuatro votos puede tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el retiro forzoso de jueces. Y de conseguir un voto más, tendría una mayoría calificada de cinco jueces que le permitirá nombrar, sancionar y remover jueces como Juan Pablo Gómez, que otorgó una suspensión provisional contra la reforma eléctrica del Presidente”.
Lo sorprendente del caso, es que el gran beneficiario de tal aberración, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, doctor en Derecho Constitucional, y con una amplia trayectoria en el mundo de las Leyes, mantenga un silencio cómplice ante el quebranto del orden jurídico que rige a todos los mexicanos, en coincidencia de actitud con los seis integrantes del Consejo de la Judicatura, de trayectoria respetada entre sus colegas del Derecho.
En el análisis, los especialistas en Derecho de la Universidad nacional, entre ellos el jurista Emilio Rabasa, revelan que la resolución del Senado de la República, incurre al menos en cinco violaciones a la Carta Magna, pues es la Norma Superior conforme a la jerarquía que establece el artículo 133 constitucional, ya que al no haber otra por encima de ella, condiciona a todas las demás del sistema jurídico, especialmente las leyes secundarias, a que se ajusten a la misma.
Acusan: En cuanto a la prórroga del mandato, el artículo 97 es claro, al establecer cuatro años y no más. No hay márgenes de interpretación; todavía más grave, lo es el hecho de que el Senado y la Cámara de Diputados, carecen de facultades expresas para extender el mandato del presidente de la Corte. De aprobarla, a iniciativa del Ejecutivo, el Legislativo invade la esfera de atribuciones del Judicial y rompe con el principio de la división de Poderes, tal y como lo advierte el artículo 49, con lo cual estarían suplantando al Constituyente Permanente.
Abundan que el pleno sólo está facultado para elegir al presidente de la Suprema Corte, pero no para ampliar el plazo de su mandato. Si se confirma la aprobación senatorial en la Cámara Baja, luego de que el Partido Verde fue el autor del madruguete que incluyó de última hora el artículo transitorio de ampliación, estarán los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), violando el artículo 133 que establece la supremacía constitucional por encima de las leyes.
El actual presidente del Poder Judicial Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se encuentra ante la disyuntiva de aceptar la ampliación de su permanencia por dos años más, con lo que sería calificado como presidente ilegítimo por violar la Constitución, que le llevaría a ser una similitud con el dictador Victoriano Huerta, en el Poder Ejecutivo, pero que además demostraría también una terrible incongruencia personal , pues no debe olvidar que votó en contra de la resolución del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, alineado al Primer Mandatario, para impedir la prolongación del período de dos a cinco años, del gobernador morenista Jaime Bonilla, en Baja California.
A tiempo la sentencia de sus colegas, de que sin legitimidad, estaría moralmente impedido para garantizar la supremacía constitucional que aceptó transgredir, como para aplicar la reforma judicial que impulsó, al caer en la contradicción, al quedar impedido de combatir privilegios.
Dante Delgado Ranauro, líder de la bancada del Movimiento Ciudadano en el Senado, expresaría su repudio al “madruguete morenista”, rechazando avalar “una reforma basada en lo que pareciera ser el tribunal de Torquemada, para la persecución de jueces y magistrados, anulando su propia autonomía e independencia; ignorando la vida interna del Poder Judicial y abriendo la puerta a esquemas de invasión de atribuciones e intimidación, de magistrados y jueces al interior del Poder Judicial”.
Hombre de leyes, el legislador veracruzano manifestaría: “En Movimiento Ciudadano, queremos que México tenga un Poder Judicial independiente, eficaz, profesional y al servicio de la sociedad nacional. Esa debería ser la puerta por la que el Senado de la República transitara en estos momentos críticos que vive el país, de concentración del poder, de abusos y arbitrariedad.
“No avalaremos una reforma cuyo origen es el monólogo, la nula consulta a jueces y magistrados del Poder Judicial, y la imposición. no abona ni contribuye a fortalecer el Estado democrático mexicano. Al contrario, debilita nuestras instituciones.
“Nos parece inconcebible que en la discusión y redacción de este documento no se haya realizado un parlamento abierto para oír a especialistas, representantes de la sociedad civil y a los propios integrantes del Poder Judicial, a sus jueces y magistrados.
Es inconcebible que, si hoy tenemos sesiones a distancia acordadas en la Junta de Coordinación Política, no se haya tenido el alcance, la disposición y el compromiso, de escuchar de manera directa a los impartidores de justicia, locales y federales, así como a académicos y a las diferentes organizaciones de colegios y barras de abogados”.
Denunciaría la “concentración del poder en la figura del presidente de la Corte, que afecta la independencia de jueces y magistrados, al interior del poder Judicial. Esto abona a las políticas del titular del ejecutivo federal que interviene en decisiones, no sólo borrando a las secretarías de Estado, sino queriendo intervenir de manera directa en otros poderes”.
La moneda está en el aire, aunque se da como un hecho dado el mayoriteo morenista prevaleciente, que la “reforma” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, será ratificada por la Cámara de Diputados, sin mover una sola coma de la iniciativa, que augura desde ahora un mal precedente en cuanto a la gravedad de violar la Constitución General de todos los mexicanos.
No se vale tanto autoritarismo y complicidades de quienes están obligados por ley, a ser contrapeso, al representar, en teoría, los intereses del Pueblo.
El prócer chiapaneco Belisario Domínguez, hace mucha falta a México, ante la ilegitimidad y la usurpación de los desesperados ante la avalancha social adversa que se avecina en las urnas.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.