Dictador: Bukele somete a Poderes salvadoreños
La última acción inconstitucional del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele Ortez, ha logrado el sábado 1 de mayo, con la complicidad del Poder Legislativo afín, subordinar también al Judicial, a su mando Ejecutivo, mediante la destitución y sustitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, además del fiscal General del país centroamericano, Raúl Ernesto Melara Morán.
A dos años de haber asumido la titularidad del Gobierno de la República, el empresario de origen palestino, que se ha autonombrado “Presidente del Cambio”, logra su propósito esencial de concentrar en su persona, con el respaldo mayoritario de su partido “Nuevas Ideas”, en la Asamblea Legislativa, cobra facturas a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), opositores a su gobierno.
Reacciones de la administración del Presidente estadounidense, Joe Biden, que ha manifestado su preocupación por las decisiones de Bukele Ortez, al considerar que “un órgano independiente es el cimiento de toda democracia”.
El resto de los juristas de la CSJ, han denunciado que la medida adoptada por el gobernante es inconstitucional, en tanto los partidos políticos opositores la califican de un “golpe de estado”, mientras diversas organizaciones de la sociedad civil, se concentrarían en torno del monumento a la Constitución, en la capital nacional, para condenar la complicidad del mandatario con su legisladores en la Asamblea Legislativa.
Dueño absoluto del poder la nación, la más pobre del istmo latinoamericano, y seguro de que todas decisiones que toma son en beneficio del pueblo, el nuevo dictador del continente responde de inmediato a las críticas que se han hecho en su contra, dentro y fuera del país, con un tono elevado de soberbia: “A nuestros amigos de la comunidad internacional, les digo que queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia”.
Transcurrir de cinco años de mandato constitucional ganado en las urnas, en el que ha logrado el registro del partido político de su creación salvo de la mitad de su período de cinco años, en medio de una estrategia de avance rápido para, llegado el momento, reformar la Constitución con el propósito reelegirse, emulando a su vecino de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra y más al sur, a Nicolás Maduro Moros, en Venezuela.
El Presidente “guanaco”, es considerado como un traidor por la militancia izquierdista del Partido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pues gracias a esta exorganización guerrillera pudo ser alcalde de Nuevo Cuscatlán a partir del 11 de marzo de 2012, y luego del 1 de marzo de 2015 al 2018, de San Salvador, siendo expulsado de sus filas en 2017, al descubrirse que creaba al margen su partido “Nuevas Ideas”, el cual no lograría obtener su registro por hacer los trámites a destiempo, viéndose obligado a apoyarse en el derechista “Gran Alianza por la Unidad Nacional” (GANA).
A casi 40 años (cumple en julio), convertido en todo un experto en el negocio del marketing y la publicidad, apoyado en la estructura de una organización política radicalmente a la de sus inicios como político de pueblo, fundada por el ex Presidente Antonio Saca, quien purga condena de 10 años de prisión.
Nayib vendería durante su campaña sus frases proselitistas, que vendrían como anillo al dedo a una ciudadanía harta de la corrupción, lo que el compromiso de su combate una vez arribado al gobierno, sería y sigue siendo una de sus banderas más importantes, al acuñar la frase: “El dinero alcanza cuando nadie roba”, además de su compromiso de crear de la “Comisión contra la impunidad”.
Convertido en un gobernante que no acepta críticas y menos posiciones distintas a sus decisiones, adoptaría en principio la cómoda posición de sustentar su quehacer en el poder de las armas de los militares, con los que haría hacer sentir su autoridad en febrero de 2020, al presentarse en la sede de la Asamblea Legislativa, acompañado de altos jefes castrenses y soldados.
En aquella ocasión, que ahora se recuerda como “el bukelazo”, los salvadoreños quedarían aterrados al observar de nuevo la presencia del Ejército, tradicionalmente golpista, en el recinto legislativo, con el que el mandatario pretendería presionar al Congreso, la aprobación del financiamiento de la segunda fase del Plan de Seguridad de su administración.
Días en que el instituto político de su creación, “Nuevas Ideas”, carecía de la mayoría de los escaños, que un año después, el 28 de febrero de 2021, obtendría como resultado de un proceso electoral dirigido desde el despacho Presidencial, por lo que la primera acción, una vez controlado el Legislativo por el Ejecutivo, éste daría la consigna de eliminar el estorbo en su camino, representado por el judicial.
Atrás quedarían cancelados de tajo, desde el 1 de mayo, en cuestión de horas los enfrentamientos con el Congreso y la Corte Suprema, toda vez que el primero está facultado por la Constitución para designar y destituir a los integrantes del órgano judicial, por haberse opuesto a las extremas medidas de Bukele, en la atención de la epidemia pandemia del Covid-19, como las de ordenar a soldados y policías, que detuvieran a miles de personas por desacatar la orden de mantenerse en una cuarentena domiciliaria, privándolos de su libertad al ser encarcelados en las prisiones comunes.
Surgirían las denuncias de abusos de las autoridades civiles y militares por las condiciones de insalubridad que tuvieron que padecer los detenidos, que como sanción debieron pasar dos semanas presos, con el riesgo de ser contagiados del Coronavirus y otras enfermedades, al ser mezclados indebidamente con la población que purga condenas.
Serían los actúale ex magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, quienes emitirían una resolución que mucho molestaría al mandatario, pues en ella se le ordenaba cesar las que serían definidas como detenciones arbitrarias, ante la cual la respuesta la daría en su cuenta de Twitter el ex empresario de raíces palestinas, en el sentido de que en ningún momento pensaba acatar tal disposición del Poder Judicial.
Radicalismo del mandatario, que motivarían acusaciones de dictador con intenciones de acumular todo el poder en su persona, sin importar que con ello ponga en riesgo la democracia de este complicado país, sometido por muchas décadas por la bota militar.
Nayib Bukele Ortez consuma sus objetivos de apoderarse de todo el Poder en El Salvador. Al asumir la Presidencia, lo primero que hace es ordenar se otorgue el registro oficial como partido político a “Nuevas Ideas”, de su creación, con el tras bambalinas participa por primera vez en elecciones para definir a los nuevos miembros del Poder Legislativo, obteniendo como por arte de magia, la mayoría de los escaños leales al Ejecutivo. Y desde ahí, el golpe al Judicial con la destitución de magistrados y nombramiento de los relevos, totalmente sometidos a la línea palaciega.
Horas antes de conocerse la acción legal en su contra, los juristas, darían a conocer su mensaje en relación con tales acciones: “La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción”.
Vendría el contraataque del Presidente, quien en su cuenta cibernética celebraría la decisión de sus incondicionales del Legislativo, considerando que “la destitución era una facultad incontrovertible expresada claramente en la Constitución”, con lo cual reforzaría sus acusaciones en contra de los magistrados, en cuanto a tratar de quitarle facultades a su gobierno para hacer frente a la pandemia.
Todavía en agosto de 2020, Bukele se había dirigido a sus gobernados, en cadena nacional de radio y televisión, para rechazar el autoritarismo que le adjudicaban sus detractores: “Si fuera de verdad un dictador, hubiese fusilado a los magistrados por declarar inconstitucionales los decretos que él había emitido durante el confinamiento por el coronavirus”.
Conflictos que trascenderían más allá de las fronteras salvadoreñas, que motivarían señalamientos del centro de estudios sobre derechos humanos, “Washington Office on Latin Amewrican”, con sede en la capital estadounidense, en cuanto a que Nayib Bukele Ortez “había distorsionado el contenido de las decisiones de los jueces, construyendo una narrativa que los coloca como enemigos de la ciudadanía”.
Un día después de la acción represora contra la Corte Suprema salvadoreña, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, manifestaría “mis profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”.
Ese mismo domingo, una horas antes, Nayib Bukele Ortez recibiría la llamada telefónica del secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para expresarle “la gran inquietud de Estados Unidos, por lo ocurrido tras la decisión de socavar al más alto tribunal de El Salvador y al fiscal General Melara”.
Patentizaría el reconocimiento a este funcionario centroamericano, al reconocer que “Melara estaba luchando contra la corrupción y la impunidad y era un socio eficaz para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.
Lluvia de comentarios críticos a las decisiones del gobernante salvadoreño, en la que incluyó la Juan González, asesor del Presidente Joe Biden, para América Latina: “Así no se hace, en tanto la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julkie Chung, afirmaría: “La existencia de una relación
fuerte entre Estados Unidos y El Salvador, dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.
Reacción de la Organización de Estados Americanos (OEA), al rechazar las destituciones, subrayando que “„en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
“Cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”.
Turno igualmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH), al manifestar que “sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho” en El Salvador. Instamos al gobierno salvadoreño a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la votación de la Asamblea”.
Pero al Presidente Nayib Bukele Ortez, parecieran, por lo pronto, no le importa en lo más mínimo las descalificaciones de Estados Unidos y demás organismos internaciones. Los reflectores están sobre él y los mensajes pueden tener consecuencias muy desfavorables para El Salvador, por el camino que ha emprendido para imponer una nueva dictadura en Latinoamérica, y muy cercana a México.
Premio Nacional de Periodismo 1983 y 2013. Club de Periodistas de México.
Premio al Mérito Periodístico 2015 y 2017 del Senado de la República y Comunicadores por la Unidad A.C.