Respeto a la ley
Siete mil 140 hectáreas que permanecían invadidas desde hace varios años en Chiapas han sido restituidas a sus propietarios en lo que va del año; una estrategia instrumentada por el gobierno del estado para establecer no solamente el estado de derecho, sino dar seguridad jurídica a los verdaderos dueños y permitir recuperar la tranquilidad para nuevamente empezar a invertir, producir y generar empleos que tanta falta hacen.
El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, encabeza la estrategia diseñada en las mesas de seguridad y en la que participan las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, Defensa Nacional, Armada de México, Policía Federal, Guardia Nacional, autoridades municipales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos que permiten recuperar la confianza ciudadana. Y es que brindar garantías a los sectores productivos es fundamental.
En 25 municipios de la entidad se han realizado los operativos, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla, San Fernando, Tapachula, Suchiate y las últimas acciones en Venustiano Carranza, tierra del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en donde ocho predios que permanecían invadidos desde el 2016 fueron recuperados y entregados a sus legítimos propietarios en un total de 584 hectáreas.
Han sido 56 los operativos en los que han sido detenidas 191 personas las cuales se encuentran vinculadas a proceso, entre ellos varios líderes de organizaciones que durante muchos años gozaron de impunidad y protección por parte de las mismas autoridades que les permitieron actuar fuera de la ley porque los usaban como mecanismos de control político. Uno de los objetivos de la actual administración es el pleno restablecimiento del estado de derecho.
En Chiapas sin embargo, el tema de las invasiones no es nuevo, tanto que hace algunos días integrantes de la organización Propietarios Rurales y Desplazados de la Zona de Conflicto, realizaron una marcha en donde denunciaron que con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, sus ranchos fueron invadidos en los municipios de Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, en donde calculan que hay 40 mil hectáreas afectadas y ahora quieren recuperarlas.
En ese entonces, el gobierno federal y del estado, instrumentaron un amplio programa de indemnizaciones de tierras invadidas por el zapatismo y por tanto, las autoridades actuales deben analizar muy bien la documentación que presenten los dueños de esas 441 propiedades que dicen estar ocupadas y de las que fueron desplazados hace 25 años.
Hoy que el gobierno de Rutilio Escandón determinó emprender ese programa de restitución de predios invadidos, resurge el tema de los desplazamientos ocurridos cuando surgió el EZLN y sí, ocurrieron y en ese entonces quedó documentado, al igual que lo relacionado con las indemnizaciones, compra de tierras o restituciones. Augusto García Alvarez, uno de los que ahora encabeza el movimiento, señala que cuentan con la propiedad jurídica de las tierras, más no la posesión.
Ante ello tiene que hacerse un análisis minucioso caso por caso, porque no estaría nada lejos que alguien quiera hacer negocio o aprovecharse de la situación y la determinación asumida por el gobierno estatal de recuperar todos los predios invadidos, dar seguridad a los propietarios y de esa manera brindar plenas garantías para producir y por ende generar empleos que Chiapas necesita.
Precisamente esos sectores productivos, como el caso de la Asociación de Cañeros CNPR de la región del Soconusco, han reconocido las acciones emprendidas por las autoridades, ya que en esta zona si bien ya se hicieron algunos desalojos, todavía quedan algunos predios invadidos y requieren que sean recuperados o restituidos a sus propietarios, aunque también que se actúe conforme a la ley en contra de los autores intelectuales de esas acciones, entre los que se encuentran líderes de organizaciones sociales que en muchos casos se aprovechan de la ignorancia o la necesidad de la gente para llevarlas a cometer delitos.
La Central Campesina Cardenista, el Movimiento Campesino Regional Independiente, la Organización Campesina Emiliano Zapata, Consejo Nacional Plan de Ayala, entre muchas más han estado involucradas en la promoción de invasiones y sus dirigentes deberían ser investigados y aplicarles la ley, evitando que en un futuro vuelvan a cometer los mismos delitos.
A escena
Al cumplirse el primer año de gobierno de los Ayuntamientos municipales, en muchos de estos tienen serios problemas, no solamente internos sino también con la sociedad. En la Costa y Soconusco son varios, entre ellos Escuintla, en donde los presuntos actos de corrupción del alcalde Ever Daniel Velázquez Javalois, ya provocó que hasta quemaran edificios públicos. En Mazatán y Unión Juárez, ya ha habido manifestaciones de inconformidad por la actuación de sus ediles, Gilberto Barrientos Coyotzi y Dony Verdugo Aguilar, mientras que en Tuxtla Chico y Cacahoatán, Deysi Lizbeth González Aguilar y Julio Calderón Sen, los propios integrantes de sus cabildos los denuncian por incurrir en desviaciones de recursos públicos y falsificar firmas para realizar comprobaciones de gastos ante la Auditoría Superior y el Congreso del Estado. La mayoría de los ediles de Chiapas además incurren en nepotismo al mantener a su parentela en la nómina oficial, pero a pesar de que se habla mucho de transparencia, no se castiga a nadie… Ayer se anunció la designación de Alberto Zamora Díaz, como nuevo subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que recibió buenos comentarios de sectores sociales y empresariales. Se trata de un profesional de la contaduría pública, que actualmente es presidente de la Región Centro Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La designación se da unos días después que Roberto Sánchez Moscoso, tomara posesión como encargado de la delegación estatal del IMSS… Hasta la próxima.