Convenio aduanero
Los gobiernos de México y Guatemala actualizaron y firmaron el Acuerdo sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros que mucho tiene que ver con la frontera sur del país, sobre todo en relación con el intercambio comercial y combate a las actividades ilícitas, aunque ello solamente sea para quienes crucen por los puentes internacionales en donde existe vigilancia de parte de las autoridades, porque prácticamente toda la línea divisoria está abierta al paso de todo, desde mercaderías hasta combustible, ganado, armas, drogas y personas.
Durante una visita al puente internacional “Suchiate II”, por donde cruza más del 90 por ciento de las mercancías de exportación e importación entre México y Centroamérica, los titulares de Hacienda y Crédito Público mexicano, Arturo Herrera Gutiérrez y de Finanzas Públicas guatemalteco, Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz, sirvió para rubricar el convenio que suple al anterior y que data de 1990, es decir 29 años, pero se da a unos cuantos meses cuando concluya la actual administración chapina y la nueva encabezada por Alejandro Giammattei ya ha definido acciones a emprender con una Zona Franca para las inversiones que ha propuesto se haga de ambos lados de la frontera.
Se habla de “robustecer la detección y combate a las prácticas ilícitas en el comercio exterior”, pero a unos cuantos pasos de los puentes internacionales cruzan cientos de toneladas de diversas mercancías de un lado al otro de la línea divisoria ante la mirada de todas las autoridades. Es más, la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sader) ha reconocido que de Centroamérica ingresa a México un millón de cabezas de ganado irregularmente al año y eso no es controlado a pesar del riesgo en que pone al sector nacional.
La frontera entre México y Guatemala no solamente es porosa, está abierta al paso de todo. En realidad de los ocho cruces formales existentes solamente operan con normalidad cuatro, mientras que hay cientos de pasos informales y no son precisamente veredas, sino caminos por donde circulan hasta tráilers; es más, para no ir tan lejos, llegan hasta el río Suchiate de un lado y del otro, en donde descargan toneladas de productos para ser comercializados en ambos territorios.
Se establece que “el Acuerdo busca poner orden, inteligencia y estrategia en los intercambios de información y fortalecer el Estado de Derecho, porque en la medida que podamos coordinar información, revisar procesos y cumplir nuestras tareas, que son afines, y bien orientadas, nuestras naciones saldrán beneficiadas”, aunque en la frontera sur el contrabando es cosa de todos los días y no se trata de una problemática nueva y el gobierno federal tiene muy claro lo que sucede, pero pareciera que no están interesados en atenderlo y solamente controlar más lo que pasa legalmente por los puentes formales.
Los gobiernos afirman que buscan impulsar la integración comercial entre los países de Centroamérica y México, crear oportunidades de desarrollo y bienestar para la población en la frontera común fortaleciendo el comercio exterior, la competitividad y la integración de la región, lo cual es importante cuando estamos viviendo serios problemas por la migración de miles de centroamericanos y de otras nacionales que salen en busca de oportunidades o huyen de la violencia.
Pero algo pasó desapercibido para las autoridades hacendarias mexicanas, no hubo ninguna mención relacionada con las peticiones de todos los sectores productivos, sociales y empresariales relacionadas con brindar una atención para el desarrollo integral de la frontera sur mexicana mediante la baja de los impuestos del IVA e ISR y homologar los precios de los combustibles con Guatemala como ocurre entre México y Estados Unidos; no se planean nuevas inversiones para esta región, ni siquiera se estableció ampliar los puentes por donde pasan los productos de exportación e importación.
El gobierno federal mexicano debe voltear en realidad los ojos hacia la frontera sur y tomar la palabra al presidente electo guatemalteco, Alejandro Giammattei, relacionado con una Zona Franca de inversiones para impulsar el desarrollo, porque al menos la migración se detendrá cuando se generen suficientes fuentes de trabajo y oportunidades que ahora no existen y mientras tanto, en esta zona tenemos varados a miles de extranjeros.
A escena
Risibles las sanciones impuestas a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (Inami) que en el año 2015 en el estado de Querétaro detuvieron a cuatro indígenas y los acusaron de ser extranjeros irregulares, los castigos fueron por 15 y 30 días a los implicados y eso obligados por la resolución CEAV/CIE/0158/2017, y de la recomendación 22/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), referente a la trasgresión de los derechos y el daño a la imagen, el honor y a la dignidad de los chiapanecos por parte de las autoridades migratorias… Por cierto, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, nuevamente recorrió la región fronteriza sur pero sin atender realmente lo que ocurre con los miles de haitianos, cubanos, centroamericanos y africanos que permanecen desde hace meses varados, tanto que nuevamente ayer se registraron serios conflictos en la Oficina de Regularización de Estancia, derivado del atraso en la solución de las peticiones, ya sea de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, de Residente Permanente y Temporal; es más, representantes de organismos no gubernamentales han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas con la presunta venta de documentos por parte de funcionarios y oficiales del Inami desde la garita de Ciudad Hidalgo… Hasta la próxima.