Conflictos municipales
La falta de atención a los diversos sectores, de obras de desarrollo y de acciones reales para prevenir la delincuencia por parte de los alcaldes y alcaldesas está generando serios conflictos sociales en diversos municipios de Chiapas, los cuales se agudizan y generan ingobernabilidad.
Lo que ha ocurrido en los últimos días en Cacahoatán y Mapastepec es una muestra de que el descontento ciudadano en contra de sus autoridades locales crece y estos no tienen capacidad de respuesta, ni siquiera para llamar a otras instituciones como la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General Estado para que los ayuden a integrar mesas de diálogo.
Ocho días se cumplen de bloqueos carreteros entre Cacahoatán y Unión Juárez, lo que ya está causando malestar y preocupación entre los sectores productivos y empresariales de la zona que se están viendo afectados en sus actividades económicas. Se deriva del asesinato de una niña, posterior linchamiento de uno de los presuntos responsables y detención de quienes supuestamente cometieron el homicidio en transmisiones en vivo por las redes sociales.
En Mapastepec las cosas son similares; el plagio de una jovencita que apareció semienterrada es la causa que se hayan venido realizando manifestaciones de inconformidad exigiendo justicia, castigo para los responsables y mayor seguridad, esto último que ya se hizo al desplegar decenas de elementos estatales.
En ambos casos los alcaldes Julio Calderón Sen y Karla Erika Valdenegro, no han tenido la capacidad ni disposición de entablar un diálogo con los ciudadanos que se han manifestado y por ese motivo ya han pedido ya la intervención del Congreso del Estado para que sean destituciones del cargo e incluso los responsabilizan que desde las policías municipales les dan protección a integrantes de bandas delictivas, denuncias que deben ser investigadas por las autoridades competentes.
Hace tres meses, en Escuintla la falta de atención a las demandas sociales y de obras por parte del alcalde Ever Daniel Velázquez Javalois, propició una serie de manifestaciones que concluyeron con la quema de la presidencia, el DIF municipal, una bodega y vehículos oficiales, pero si bien las cosas se “calmaron” después de esos hechos, no ha habido solución.
Otra situación grave ocurre en Huehuetán, en donde en los primeros días de este año la alcaldesa Victoria Aurelia Guzmán Reyes, fue retenida en dos ocasiones por habitantes de comunidades que se han visto burladas por el incumplimiento de promesas de obras sociales, arreglo de caminos y de seguridad, obligándola a firmar acuerdos que hasta el momento no se han ni remotamente empezado a cumplir.
Situaciones similares a las que ocurren en estos cuatro municipios se viven en muchos otros más de toda la geografía chiapaneca, precisamente por la irresponsabilidad o desinterés de los alcaldes y alcaldesas para brindar atención a la problemática social, pero eso sí, las quejas de presuntos actos de corrupción y nepotismo de parte de funcionarios municipales van en aumento.
El Congreso del Estado está obligado a intervenir en cada uno de los casos, pero los diputados locales argumentan que ellos no pueden solucionarle los problemas a los alcaldes, aunque tienen la obligación de atender el llamado de los ciudadanos a los que supuestamente representan y pedir a quien corresponda integrar las mesas de diálogo en donde se involucren a todas las partes.
Los delegados de las distintas dependencias gubernamentales en las regiones han demostrado a la vez que no les interesa solucionar los conflictos y en algunos casos pareciera que ellos mismos los impulsan, aunque también hay casos en donde los propios alcaldes le echan más brazas a la lumbre.
Tanto los directivos del Congreso del Estado, la Secretaría General de Gobierno y la propia Auditoría Superior del Estado, deberán de intervenir en los municipios que enfrentan conflictos antes de que estos se salgan de control, porque si ya ocurrió una vez en Escuintla en donde se llegó a destruir edificios públicos puede volver a pasar en otros lugares si no se atienden las denuncias ciudadanas.
A escena
Por cierto, un grupo de empleados del Ayuntamiento de Frontera Hidalgo, acudió presuntamente a un concurso de canto en una cantina denominada “La Palapa de mi Mamá”, ubicada en el Libramiento Sur de Tapachula, pero resulta que delincuentes no identificados abrieron la camioneta propiedad del DIF Municipal de donde se llevaron una computadora y otros equipos oficiales, por lo que una de las funcionarias identificada como Elizabeth “N” tuvo que pedir la intervención de las autoridades. Los hechos ocurrieron la noche del jueves… El fenómeno migratorio ha dejado mucho de qué hablar en los últimos días, tanto que hasta funcionarios y legisladores han entrado en una gran polémica derivado de los operativos de la Guardia Nacional que evitaron el ingreso en caravanas y en forma irregular de cientos de extranjeros procedentes principalmente de Honduras y El Salvador que buscaban cruzar territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos. En la franja fronteriza sur del país, los sectores empresariales han respaldado las acciones de las autoridades en los últimos días, en virtud a que la región vive un serio problema social por la presencia de miles de personas de diversas naciones de Africa, Asia, Cuba, Haití y Centroamérica a las que lamentablemente las autoridades del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no les da respuesta a las peticiones de regularización de estancia o de asilo, tanto que ya hasta se han realizado protestas de algunos grupos a los que se había incluido en programas de empleo emergente del gobierno federal al no pagarles el sueldo prometido, por tanto se requiere una atención emergente e integral a este fenómeno que no es nuevo y no tampoco tiene una solución rápida… Hasta la próxima.