El Sistema Anticorrupción en Chiapas está en pañales. Es posible que se mantenga en esas condiciones y con una total falta de confianza porque algunos de los propuestos en la lista que se menciona para integrar este organismo han participado de manera directa con partidos políticos, y otros de alguna manera han estado involucrados con éstos; de tal forma que no garantizan transparencia en su actuar, aunque lo más seguro es que ni siquiera se ponga en marcha.
Finalmente, resulta muy conveniente retrasar el proceso de este organismo cuando los recursos que se han desviado de Chiapas son millonarios, y los que son acusados de acciones de corrupción se encuentran actualmente en posiciones gubernamentales.
Por ejemplo, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana no le fueron depositados 200 millones de pesos de presupuesto que le fue autorizado para el 2018, pero el funcionario responsable directamente de realizar las transacciones financieras en la entidad era el secretario de Hacienda, Humberto Pedrero, actual diputado federal con licencia que recientemente fue nombrado como Administrador del Instituto Mexicano del Seguro Social; es decir, ahora le lleva las cuentas a Zoé Robledo Aburto, cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador.
Sería imposible pedirle cuentas, pese a que también estuvo involucrado en el tema del Colegio de Bachilleres en el que hubo un desvío de mil millones de pesos contra trabajadores que fueron liquidados y que aun no han podido resolver sus situación jurídica; y es que el movimiento de recursos no se pudo haber hecho sin la autorización del extitular de la Secretaría de Hacienda; el exdirector general del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma; el líder sindical Manuel Pinot, en fin todos protegidos por el manto de la “impunidad”.
Finalmente hay muchos porqués no poner en marcha este sistema, pero el tema de los actos de corrupción, en estos momentos debería ser operado, por la Auditoría Superior del Estado que a estas alturas del partido debería tener conocimiento claro de dónde están los desvíos más sonados del sexenio anterior y que son muy parecidos a los operados en otros estados donde los exgobernadores se fueron a la cárcel, enviados por el expresidente Enrique Peña Nieto a quien no le tembló la mano para aplicar la ley a mandatarios que incluso pertenecían a su partido.
Lamentablemente en Chiapas, no se le puede pedir mucho al titular de esta dependencia ya que en su designación se violó flagrantemente la Constitución, pues Uriel Estrada no cumplía los requisitos de elegibilidad y pese a ello, fue designado en el cargo.
El funcionario debería tener al momento de su designación una experiencia efectiva de diez años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, administración financiera, o manejo de recursos, pero este requisito se lo pasaron por el arco del triunfo, ya que no lo cumple, por tanto no se le puede exigir combatir la corrupción de la que él mismo es producto.
Otro de los requisitos que tampoco cubre el actual funcionario es el de no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado. Ya que si mal no recuerdo estuvo involucrado en un lío grave relacionado con la muerte de Reyes Penagos Martínez, líder campesino que perdió la vida por haber sido torturado sin lástima.
En este caso, la CNDH solicitó al mandatario estatal en su momento destituir del cargo al entonces fiscal del caso Jaltenango, José Uriel Estrada Martínez; iniciar una averiguación previa contra Francisco Hernández Chacón, Bulmaro Trejo López, Martín Hernández Ocaña, Genaro I. Zenteno Orarte, Jaime Arturo Cabrera Ferro, Ronay Luna Pérez, Salomón Núñez Díaz y César Montes Alegría, elementos judiciales que participaron en la ejecución de Reyes Penagos. Un caso en el que como puede ver, Estrada estuvo involucrado directamente y tampoco se tomó en cuenta.
Lo anterior a pesar de que la Constitución es muy clara cuando señala que quien sea designado titular de la ASE debe gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión y su caso fue peor.
En fin con todo esto que le cuento, es difícil que el Sistema local Anticorrupción tenga mucho futuro y siga en la congeladora en la que desde hace más de dos años fue condenada, y aunque desde hace dos meses se intentó revivir. Ana Romero Basurto no ha tenido la suficiente fuerza para ponerla en marcha.
Con filo
Es necesario garantizar que las políticas públicas, programas y presupuestos que formule el gobierno estatal y los municipios, tengan una clara perspectiva de género, señaló la diputada Haydeé Ocampo Olvera al instalar la Comisión Especial para conocer, proponer y dar Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios en Chiapas, siendo este un acto histórico en el estado. La legisladora agregó que en ese sentido, también es necesario que se establezcan recursos para fomentar la prevención y la concientización de los factores de riesgos de la violencia contra las mujeres y niñas…///El Poder Judicial del Estado, que dirige Juan Oscar Trinidad Palacios, tuvo que negociar la liberación de un delincuente a cambio de que liberaran a una actuaría que estuvo cuatro días secuestrada en una comunidad. Un caso muy lamentable que esperamos no tenga consecuencia ya que cualquiera podría recurrir a estas acciones para ser indultado.
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