Incompetencia de alcaldes de Chiapas

Cobach busca calidad educativa

El presidente municipal de Tapachula, Oscar Gurría, ha sido cuestionado por temas de nepotismo, corrupción, inseguridad y ahora de intolerancia al haber mandado a su policía a desalojar a quienes grababan la manifestación que se daba en contra de su gobierno, precisamente por falta de seguridad y el mal estado de carreteras en la zona alta de ese municipio, donde la pobreza y marginación están a la vista de todos.

Las agresiones de los policías contra los manifestantes han sido merecedoras de recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero en sí deberían ser contra el alcalde que no ha tenido la capacidad ni la voluntad de atender a sus gobernados, a aquellos que le dieron el voto de confianza y a los que ha decidido ignorar en sus demandas sociales.

La represión ejercida en contra de los manifestantes no debería ser la política de un alcalde que viene de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional, acostumbrados a reclamar con movilizaciones sociales, o en todo caso de un médico como él -que era, de ya no es-, cercano a la gente, de un luchador social que saludaba y era querido por los tapachultecos a los que ahora desprecia y reprende para no escuchar sus peticiones.

Oscar Gurría ahora es cuestionado hasta por los mismos empresarios de la zona que tuvieron que cerrar los negocios por las acciones violentas de los policías que evidentemente no actuaron solos sino por órdenes de la máxima autoridad que es sin duda alguna Oscar Gurría Penagos que no ha podido contener la inseguridad ni resolver los temas de obras que son una de las demandas más sentidas de la población.

La zona Alta de Tapachula es de las regiones que genera importante número de votos, por eso en campaña los aspirantes se desviven en ofrecer y hasta en comprar el voto, pero a la hora de cumplir las promesas se olvidan de atenderlos por lo que con movilizaciones exigen que les den respuesta que es una obligación de los gobiernos municipales sobre todo porque muchos de estos habitantes son población indígena que se encuentran contemplados en los programas prioritarios que tal parece no se quieren ejercer o bien seguramente se justifican, pero se van a cuentas personales porque evidentemente no hay trabajo, de lo contrario tampoco habría movilizaciones.

Lo que más ha llamado la atención es la forma en la que esposaron a la activista social Cinthya Alvarado por grabar la manifestación y las agresiones a los periodistas que cubrían la inconformidad. Aunque la activista ya fue liberada por todo el escándalo que armó, aún hay 42 campesinos que permanecen a disposición de la Fiscalía General del Estado. Lo peor del caso es que Juan Pérez López, comisariado ejidal de Toquián Grande y Pavencul se deslindó de los hechos ocurridos en el centro de la ciudad, cuando fue precisamente él quien incitó a los grupos a manifestarse, solo que como seguramente ya pactó con el edil, ahora se desmarca y deja a sus seguidores a su suerte.

En fin, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió recomendaciones en este caso y pidió los informes sobre la agresión de policías en contra de pobladores para determinar las violaciones que se hayan cometido en contra de los afectados. El organismo autónomo pide también que se respete el derecho a la manifestación y la libertad de expresión.

Con filo

La directora general del Colegio de Bachilleres, Nancy Leticia Hernández Reyes, presenta la planeación y metodología de trabajo del semestre 2020-A, próximo a iniciar para cada coordinación del Cobach, además realiza la socialización de la legislación en el marco de las nuevas leyes emanadas de la Reforma Educativa. También para mejorar la condición de algunos planteles, la funcionaria realiza cambios de directores, lo cual ha propiciado que desde su círculo cercano de colaboradores se filtre información que va en detrimento de la institución; por ejemplo, el tema de presuntos aviadores que resalta porque se habla de Angelica Gil Vázquez, hermana de la secretaria del Campo, y quienes tienen esta información, de ser cierta, son precisamente colaboradores que están dentro del Cobach, que realizan cambios y que hacen el trabajo para desprestigiar a la institución que ya de por sí arrastra el tema de jubilaciones que no ha sido aclarado. Por cierto, uno de los colaboradores más confiables de la funcionaria es el secretario Técnico, Rigoberto Ríos Jiménez, quien le garantiza lealtad y no un doble discurso, los demás como Ana María Ruiz e Ismael Palacios están en tela de dudas por sus antecedentes y habría que desconfiar investigar a favor de quién están haciendo el trabajo sucio y cuántos más de doble filo están cerca de ella…///Encapuchados incendiaron dos puestos de venta ilegal de gasolina que proviene de Guatemala y que se expende en el tramo Comitán–Las Rosas, seguramente propiciado por gasolineras de Chiapas y es que los guatemaltecos ofrecen el producto a un mejor precio; sin embargo, se dice que hubo una balacera y la circulación de automovilistas fue interrumpida causando pánico entre la población…///En el municipio de Simojovel, una obra que realiza la alcaldesa Viridiana Hernández provoca grave contaminación, aunque lo más criticable por la población es que el trabajo es realizado por familiares de la alcaldesa en el Barrio San Caralampio y, de acuerdo a la información, Armando Hernández, tío de la edil, es quien tiene la asignación directa de diversas obras. Lo peor es que arbitrariamente hacen uso de terrenos particulares y los toman como bodegas, como es el caso de un predio propiedad de Salvador y Mariano Ruiz Zambrano, donde guardan maquinaria pesada y material de construcción, pero presuntamente sin ninguna autorización, lo que se dice un abuso de poder total.

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